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En Washington el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, entregó una serie de transcripciones de testimonios de exgenerales de las Fuerzas Militares que involucran al general Montoya como presunto responsable de los llamados “falsos positivos”.
La organización dice que tuvo acceso a declaraciones presentados por seis generales ante la Fiscalía, los cuales según HRW, sugieren de manera contundente que el general Mario Montoya “sabía o, como mínimo, contaba con información que demuestra que debía haber sabido sobre los casos de falsos positivos cometidos bajo su mando y no tomó las medidas necesarias para que no siguieran ocurriendo”, explica José Miguel Vivanco.
Uno de los testimonios que aporta HRW es el del general en retiro, Fredy Padilla de León, quien fue comandante de las Fuerzas Militares cuando el general Montoya se desempeño como comandante del Ejército.
Según la declaración entregada por el general Padilla a la Fiscalía y proporcionada por la ONG, “el general Montoya estaba al tanto de las denuncias por presuntos falsos positivos porque era un tema que se trataba en las reuniones”.
Por otra parte, el general Gustavo Matamoros, quien era el jefe de operaciones de Montoya, asegura en su declaración que en el año 2008 le advirtió al General Montoya que se estaban causando más bajas a milicianos con armas cortas que a encuadrillados con armas largas, y que además de esto no se estaban identificando a los bandidos sino que se estaban mandando a todos como N.N.
El general Matamoros, también asegura que el general Montoya “había dado órdenes de que debía ser informado inmediatamente sobre las bajas y pedía detalles sobre cada caso en particular, incluso sobre cómo habían sucedido y donde”.
Para HRW estas declaraciones son relevantes porque a pesar de que las Fuerzas Militares están habilitadas para combatir a la “delincuencia común”, se supone que sólo aplica para circunstancias excepcionales.
“La cantidad de supuestos delincuentes comunes dados de baja, aumentaron en un 1200 por ciento entre los años 2004 y 2007, es decir pasaron de 27 a 325 casos. Esta situación debió haber llevado al general Mario Montoya a advertir de irregularidades en las presuntas operaciones y a sospechar que se estaban produciendo ejecuciones ilegales”, sostiene el informe de HRW.
El general Jorge Arturo Salgado, de la séptima División del Ejército, le contó a la Fiscalía que las circunstancias poco plausibles de las presuntas ejecuciones ilegales era fáciles de detectar que la cantidad de delincuentes comunes muertos en combate debía crear una alerta, además de esto que los altos mandos militares no preguntaban sobre las incongruencias en las numerosas bajas sobre todo en zonas donde no había guerrilla.
HRW le pide al nuevo fiscal general, Néstor Humberto Martínez que se reactive la investigación contra Montoya, para que sea imputado. Según Vivanco esta investigación esta empolvándose en los expedientes.
