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La Procuraduría suspendió por el término de tres meses al gobernador (e) de La Guajira, Wilbert Hernández, por presuntas irregularidades en la firma de un contrato de bilingüismo que tuvo un costo de $11.415’893.720 pesos.
La decisión se tomó en medio de la investigación disciplinaria que abrió el Ministerio Público en la que busca establecer posibles faltas por la suscripción del contrato a dedo con la empresa Nuevas Tecnologías de Innovación, Ingeniería y Telecomunicaciones NIU TELCO S.A.S.
Entre las críticas de la Procuraduría a la gobernación de La Guajira por la firma de dicho contrato, está el convenio que, al parecer, se suscribió horas antes entrar en vigencia la ley de garantías -Ley 996 de 2015- que obliga suspender todo tipo de contratación por las próximas elecciones de octubre.
Según la denuncia, el contrato al parecer tendría errores de transcripción debido a que en el texto inicial figuran cómo beneficiaros 38 municipios, cuando en realidad el departamento tiene solo 15. Dice que luego se comprobó que el proyecto estaba destinado para doce municipios lo que beneficiaría solamente a 480 docentes y 10.699 estudiantes.
La Procuraduría informó que realizaron una “visita a la empresa radicada en la ciudad de Cúcuta, sin que fuera posible su ubicación en la sede que registró en el OCAD Regional Caribe, - Órgano Colegiado de Administración y Decisión -, que aprobó la financiación del proyecto de bilingüismo en La Guajira con recursos del Sistema General de Regalías”.
Razón por la cual se tuvieron que ordenar nuevas pruebas, entre ellas verificar la constitución de la empresa NIU TELCO S.A.S., su planta de personal para el 26 de junio de 2019, así como los equipos, red y otros elementos con los que contaba para ejecutar el convenio de bilingüístico.
La Procuraduría verificará si el gobernador incurrió en alguna falta disciplinaria grave “las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se habrían cometido, así como el eventual perjuicio causado a la administración pública”.
Dado la importancia de los hechos, la Procuraduría compulsó copias para que se investigue al gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, quien al parecer habría suscrito un negocio jurídico para el “fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje del inglés en el departamento de Norte de Santander”, que sería similar al objeto del contrato que habría dado origen al proceso contra el gobernador (e) de La Guajira.
