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La FM conoció los apartados clave de los principios de oportunidad que fueron ratificados por la Fiscalía General en el caso de la investigación ante la Corte Suprema de Justicia al ex gobernador y candidato, Camilo Romero.
Se trata del contrato para la comercialización de 80.000 cajas de aguardiente Nariño a través de una maquila, que fue firmado por un gobernador encargado del departamento, mientras el gobernador Romero, hoy precandidato a la Presidencia, se encontraba de viaje fuera de la región.
En la historia hay un hecho que parece inverosímil. Uno de los testigos estrella de la Fiscalía ante la Corte es un primo del exgobernador, Andrés Felipe Arango Romero. La versión que Arango le entregó a la Fiscalía es que hubo reuniones con dos empresarios conocidos de la región para acordar un apoyo fuera de actas a cambio de que el gobernador Romero les entregara parte de la contratación de los licores.
Los dos empresarios son Richard Giovanny Portilla Díaz, que aparece en el registro empresarial como dueño de otras empresas de alimentos y bebidas alcohólicas y no alcohólicas y tabaco, y Pedro Miguel Bastidas López, dueño de otras cinco empresas, entre las que se encuentran distribuidoras de granos, alimentos y dos hoteles. Según el relato del primo del exgobernador, este fue designado por Romero para manejar el apoyo de ambos empresarios a cambio de los contratos estatales.
“Fue encomendado por Camilo Romero para el manejo de dos grandes aportantes a la campaña electoral de la Gobernación de Nariño: Pedro Miguel Bastidas y Richard Portilla Díaz; como se acordara en reuniones privadas de las que obviamente no hay registros documentales de ninguna índole, porque se desarrollaron en el marco de la privacidad y discreción, como quiera que desde entonces se ofreció a cambio de la inversión, la retribución con el negocio de licores como monopolio que ejerce el ente territorial”.
En el principio de oportunidad ratificado por la Fiscalía, el propio primo del hoy candidato del Pacto Histórico, dijo que la negociación se dio a cambio de 1.400.000.000 que habrían sido recibidos en campaña, sin que fueran reportados en las actas de cuentas claras ante el Consejo Nacional Electoral.
En agosto de 2016, la Gobernación firmó el decreto 364 con el que se establecieron los precios de las botellas de Aguardiente Nariño y se abrió el proceso de contratación pública. El contrato se lo ganó la empresa Organización de Licores de Nariño, hoy en liquidación, conformada entonces por los dos empresarios acusados.
“Mario Benavides acordó con Camilo Romero, que en calidad de gobernador encargado firmara el decreto de venta del Aguardiente Nariño y se favoreciera de OLN conformada por los particulares aportantes de la campaña electoral del ahora gobernador”, dice el principio de oportunidad de Arango en poder de la Fiscalía.
La otra testigo clave del ente acusador es la ex secretaria de rentas de la Gobernación Adriana Milena Amaya. Amaya habría participado en una reunión con el secretario de Hacienda, Mario Fernando Benavides y con el primo del candidato para establecer las condiciones del contrato. Arango Romero no tenía ningún cargo como funcionario del Estado. Esta ex funcionaria cercana al ex gobernador de Nariño le dijo a la Fiscalía que sabía de la designación de Benavides como gobernador encargado para que supuestamente no quedara responsabilidad de Romero con la entrega del contrato a la empresa OLN.
Agregó que el secretario de Hacienda le habría ocultado por órdenes superiores a un comité de crédito encargado de evaluar las ofertas que otra empresa de Nariño, Licosur, estaba interesada en participar.
El candidato Camilo Romero, consultado por La FM, para conocer su versión completa de estas declaraciones, señaló que “el proceso se llevó a cabo exactamente en las mismas condiciones de los años anteriores, como en el caso de los exgobernadores Raúl Delgado, Antonio Navarro y Parmenio Cuellar. No se perdió un peso en el proceso de venta, como lo confirmó la Contraloría y para esa época hubo una ruptura con el testigo de la Fiscalía porque yo no secundé intereses políticos que tenía”.
Finalmente, Romero señaló que sí conoce a los dos empresarios mencionados porque son reconocidos en la región, pero dijo que ninguno de los dos hizo aportes a su campaña. El candidato está esperando que la Fiscalía lo cite a juicio ante la Corte Suprema y mientras tanto insiste en que no hay ninguna prueba de las acusaciones.
