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La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el Alcalde de Palmira, Óscar Escobar, por presuntas irregularidades en contratos de prestación de servicios suscritos en el año 2018.
Según el ente disciplinario, dichas anomalías se registraron cuando el mandatario se desempeñaba como director del Departamento Administrativo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC, de la Alcaldía de Cali.
De acuerdo con la Procuraduría, en medio de sus funciones, Óscar Escobar, suscribió tres convenios con particulares, al parecer, con honorarios superiores a los establecidos.
“La Provincial de Instrucción de Cali indicó que el funcionario habría suscrito tres negocios jurídicos con particulares y pactado honorarios superiores a los establecidos para la experiencia, los cuales se pagaron, en contravía de lo dispuesto en una circular de 2017 y emitida por el Comité de Contratación de la entidad”, reza el comunicado.
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“(…) La Alcaldía de Cali determinó los rangos de honorarios de los contratistas de acuerdo con su perfil y fijó como límite un pago de $6.429.363, valor que se excedió con lo cancelado a tres ingenieros, con lo que posiblemente incurrió en una falta disciplinaria”, continúa el comunicado.
Por su parte, el alcalde manifestó que dicha investigación ya había sido archivada en dos ocasiones por la Contraloría de Cali y que el presunto detrimento sería de aproximadamente $3 millones de pesos.
“Es una investigación que ya ha sido archivada dos veces por la Contraloría de Cali, al no encontrar ninguna irregularidad en el manejo de los recursos, donde se hablaba de un presunto valor mayor pagado a tres contratistas que desempeñaron sus labores para ese departamento de tecnología durante ocho meses. Durante todo ese tiempo el presunto detrimento, que nunca ha sido probado, fue de tres millones de pesos”, respondió el mandatario.
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Finalmente, el ente disciplinario precisó que “la aparente violación de una norma manifiesta por parte de Escobar García pudo afectar el cumplimiento de la función pública y afectado el principio de moralidad administrativa, por lo que de manera provisional calificó la presunta conducta como falta grave a título de culpa gravísima”.
