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La Fiscalía General de la Nación puso en evidencia una estructura criminal que, según la investigación, habría utilizado empresas y criptoactivos para lavar más de 2,3 billones de pesos provenientes del narcotráfico y darles apariencia de legalidad.
Según la información oficial, como resultado de la investigación fueron capturadas cinco personas y se ocuparon con fines de extinción de dominio decenas de bienes cuyo valor preliminar supera los 10,2 millones de dólares.
Un entramado de empresas
De acuerdo con la información entregada por la Fiscalía, la investigación de las direcciones especializadas contra el Lavado de Activos y de Extinción del Derecho de Dominio permitió seguir el rastro de los recursos entre los años 2018 y 2026.
De igual forma, se conoció que la organización habría creado nueve sociedades y cuatro establecimientos de comercio relacionados con actividades como obras de ingeniería civil, consultoría, servicios administrativos, reparación de maquinaria, intermediación cambiaria y servicios financieros.
Sin embargo, varias de estas compañías aparentemente no tenían la infraestructura ni la capacidad operativa necesarias para desarrollar las actividades que reportaban.
Sumado a eso, los investigadores encontraron además, algunos movimientos bancarios por altas sumas de dinero, operaciones internacionales de gran valor y transacciones cruzadas entre las propias empresas.
En algunos casos, las compañías registraban poca o ninguna actividad económica y presentaban inconsistencias entre sus estados financieros y los movimientos que aparecían en sus cuentas bancarias.
El rastro de los criptoactivos
Pero el esquema, según la Fiscalía, no se habría limitado al sistema financiero tradicional.
Los investigadores identificaron también operaciones millonarias con criptoactivos, particularmente con una moneda digital conocida como USDT.
Según la información entregada por el organismo investigador, algunas de estas transacciones se realizaron con empresas vinculadas a organizaciones narcotraficantes que han sido sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, OFAC.
El mecanismo habría permitido movilizar importantes cantidades de dinero y posteriormente convertir esos activos virtuales en recursos disponibles dentro de la economía legal.
La Fiscalía señala que el dinero que ingresaba al país, ya fuera a través del sistema financiero o mediante activos virtuales, era monetizado y retirado rápidamente.
Parte de esos recursos habría terminado convertida en bienes de alto valor, principalmente inmuebles y vehículos de alta gama.
Los presuntos responsables
Dentro de la estructura investigada, la Fiscalía identificó a Hugo Daniel Giraldo Santamaría como presunto cabecilla y articulador de las actividades relacionadas con la monetización, compensación y entrega de los recursos.
Su esposa, Carolina María Giraldo, estaría vinculada con el manejo de grandes cantidades de dinero y con el conglomerado de sociedades utilizado en el esquema.
A Janeth Catalina Cano Santamaría se le atribuye, presuntamente, la coordinación de la canalización, dispersión y monetización de activos virtuales.
Mientras tanto, Johan Mateo Ruiz Orijhuela habría utilizado billeteras digitales para facilitar el ingreso, ocultamiento y posterior conversión de importantes sumas de dinero.
Y Luis Andrés Ospina Ochoa sería, según la investigación, quien se encargaba de darle tránsito a los recursos y mantenerlos ocultos mediante las sociedades investigadas.
Las cinco personas fueron capturadas durante diligencias de registro y allanamiento realizadas en Medellín y Barranquilla, en un operativo conjunto del CTI y la Policía Nacional, con apoyo de la DEA de Estados Unidos.
Durante los procedimientos fueron incautadas seis armas de fuego, cuatro de ellas, según la Fiscalía, sin permiso de porte, además de otros elementos que quedaron a disposición de los investigadores.
Bienes bajo extinción de dominio
La operación también permitió afectar el patrimonio que estaría relacionado con las actividades ilícitas.
Tres inmuebles ubicados en Envigado y Barranquilla, avaluados en cerca de 2.500 millones de pesos, fueron ocupados con fines de comiso.
Además, dentro del proceso de extinción del derecho de dominio fueron decretadas medidas cautelares sobre otros 36 bienes ubicados en Medellín y Envigado.
El listado incluye cuatro inmuebles, 19 vehículos, nueve sociedades y cuatro establecimientos de comercio.
El valor preliminar de estos bienes supera los 10,2 millones de dólares.
Así, la Fiscalía busca afectar no solamente a las personas que estarían detrás del entramado, sino también el patrimonio que presuntamente habría servido para ocultar y transformar los recursos provenientes del narcotráfico.
La investigación continúa para establecer el alcance total de la estructura y determinar la responsabilidad individual de los involucrados frente a las operaciones que habrían permitido mover y lavar los millonarios recursos.
Cuatro preguntas para entender la noticia
¿Cuánto dinero habría lavado esta estructura?
Más de 2,3 billones de pesos provenientes presuntamente del narcotráfico.
¿Cómo habría operado el esquema?
Mediante empresas aparentemente sin capacidad operativa, movimientos bancarios, operaciones internacionales y transacciones con criptoactivos.
¿Cuántas personas fueron capturadas?
Cinco personas, señaladas por la Fiscalía de cumplir diferentes funciones dentro de la estructura.
¿Qué bienes fueron afectados?
36 bienes sometidos a medidas de extinción de dominio, además de tres inmuebles ocupados con fines de comiso.
