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El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, se refirió al proceso penal que involucra a Juliana Guerrero, exfuncionaria del Ministerio del Interior durante el gobierno de Gustavo Petro, y explicó la actuación de la Procuraduría fre
nte al principio de oportunidad acordado en el caso.
Eljach señaló que dentro del proceso ya existe un acuerdo y un principio de oportunidad, además de que fue establecido el monto de la sanción correspondiente. Sin embargo, el procurador delegado que interviene en el caso decidió apelar la decisión, al considerar que debe analizarse la posibilidad de que los hechos puedan configurar un delito diferente al contemplado en el acuerdo inicial.
“El procurador delegado ante ese caso apeló y dijo que había que examinar la posibilidad de la comisión de otro delito distinto a aquel mediante el cual hicieron el acuerdo”, explicó Eljach.
El procurador general defendió la autonomía e independencia del funcionario que presentó el recurso y aclaró que su actuación no responde a instrucciones de la dirección de la entidad.
“Él tiene autonomía plena e independencia, nadie lo manda, yo no lo mando”, afirmó Eljach.
De acuerdo con el jefe del Ministerio Público, corresponde al procurador delegado ejercer sus funciones dentro del proceso conforme a su criterio jurídico.
Juez tendrá la decisión final
Ahora será el juez competente quien deberá evaluar los argumentos planteados por la Procuraduría y determinar si existen elementos para considerar la posible comisión de otro delito.
La decisión judicial será determinante para establecer si se mantiene el alcance del acuerdo alcanzado inicialmente o si deben revisarse sus efectos dentro del proceso penal contra Guerrero.
Guerrero aceptó cargos
Guerrero aceptó ante un juzgado de Bogotá su responsabilidad por el delito de fraude procesal, relacionado con el uso de dos títulos académicos expedidos por la Fundación de Educación Superior San José.
La admisión se produjo durante una audiencia judicial, en la que Guerrero reconoció que utilizó la documentación para actualizar su hoja de vida en el Sigep y posteriormente presentarla ante el Ministerio de la Igualdad, con el propósito de mantener la posibilidad de aspirar al cargo de Viceministra de las Juventudes.
“Admitir que realicé fraude procesal en la medida de actualizar mi hoja de vida en el Sigep y presentar los documentos al Ministerio de la Igualdad para quedar con la posibilidad de aspirar al cargo”, manifestó la joven durante la diligencia.
Preacuerdo con la Fiscalía
Guerrero llegó a un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, mediante el cual aceptó los cargos y se establecieron las condiciones de la pena.
Como parte del acuerdo, deberá cumplir una sanción de tres años de cárcel, además de pagar una multa de 100 salarios mínimos.
El acuerdo también contempla una inhabilitación por dos años y medio para ejercer cargos públicos.
El caso de los títulos académicos
La investigación está relacionada con los documentos académicos que Guerrero incorporó a su hoja de vida y que fueron expedidos por la Fundación de Educación Superior San José.
La utilización de estos documentos fue determinante en el proceso mediante el cual buscaba conservar la posibilidad de aspirar a un cargo en el Ministerio de la Igualdad.
La aceptación de responsabilidad y el preacuerdo con la Fiscalía representan un nuevo avance dentro de un proceso que también involucra a otras personas investigadas por la expedición de la documentación académica cuestionada.
En este caso, la justicia deberá continuar con las actuaciones correspondientes para determinar las responsabilidades individuales de los demás involucrados.
Temas y preguntas clave
¿Qué decisión tomó la Procuraduría frente al caso de Juliana Guerrero?
El procurador delegado apeló el principio de oportunidad acordado en el proceso y pidió que se analice si los hechos podrían configurar un delito diferente al contemplado inicialmente.
¿Qué dijo Gregorio Eljach sobre la actuación del procurador delegado?
Eljach defendió su autonomía e independencia y aseguró que el funcionario actuó bajo su propio criterio jurídico, sin recibir instrucciones del procurador general.
¿Qué delito aceptó Juliana Guerrero?
Guerrero aceptó su responsabilidad por el delito de fraude procesal, relacionado con la utilización de dos títulos académicos para actualizar su hoja de vida en el Sigep y presentarla ante el Ministerio de la Igualdad con el propósito de aspirar al cargo de Viceministra de las Juventude
¿Qué sanciones contempla el preacuerdo de Guerrero con la Fiscalía?
El acuerdo establece una pena de tres años de cárcel, una multa de 100 salarios mínimos y una inhabilitación de dos años y medio para ejercer cargos públicos.
