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El Tribunal Superior de Bogotá ratificó la orden de captura que, en junio, la misma autoridad judicial había extendido por un año en contra de Carlos Ramón González, el prófugo exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) implicado en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
González, asilado en Nicaragua, asistió de forma virtual a la audiencia que el Tribunal convocó para este jueves, 10 de septiembre, luego de una reprogramación porque el también exdirector nacional de Inteligencia no contaba con un abogado de confianza. Su defensor anterior, Iván Cancino, es el actual ministro de Justicia.
Tras la asignación de un defensor público, que al finalizar la diligencia le pidió a González contactarse para coordinar los pasos siguientes en el proceso penal, el Tribunal derrumbó los argumentos del expresidente del partido Alianza Verde.
Efraín Adolfo Bermúdez fue el magistrado ponente de la decisión. El Tribunal subrayó que la medida de aseguramiento contra González "aún no ha comenzado a ejecutarse", precisamente porque no ha sido detenido.
Es decir, aunque la medida implica una reclusión de forma preventiva, hasta ahora "el procesado González Merchán goza, a plenitud, de su libertad en el país que lo acogió en asilo", así que el efecto de las decisiones judiciales previas "no equivale a privación efectiva de la libertad, que es, al final, el propósito de su imposición" mediante la captura reafirmada.
La Fiscalía acusó en enero ante la Corte Suprema de Justicia a González, basándose principalmente en los testimonios del confeso corrupto Olmedo López —el exdirector de la UNGRD que firmó un principio de oportunidad a cambio de delatar a más implicados en el entramado ilícito—, apunta a González como una ficha clave en desvíos de dinero y de contratos.
Tribunal mantiene vigente la orden de captura contra Carlos Ramón González
Según relató el ente acusador, en septiembre de 2023 González ordenó, desde la Casa de Nariño, entregarles tres mil millones de pesos al expresidente del Senado Iván Name y mil millones al expresidente de la Cámara Andrés Calle. La intermediaria habría sido la ex consejera presidencial Sandra Ortiz.
Name y Ortiz eran parte del partido Alianza Verde, del que González fue director. Calle, por su parte, era liberal. Al parecer, el exmilitante del M-19 buscaba torcer los trámites de varias reformas de la administración del expresidente Gustavo Petro para que el Congreso no las archivara.
Los recursos comprometidos para pagar los sobornos, al parecer, provenían de un contrato para suministrar cuarenta carrotanques para transportar agua potable para comunidades indígenas de La Guajira. Las instrucciones de González se habrían dirigido a Olmedo López.
El exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) compareció este jueves desde Nicaragua, donde el régimen de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, lo mantiene asilado. Desde su escape a Centroamérica, no ha regresado a Colombia, donde la justicia lo acecha.
La magistrada Blanca Nélida Barreto, expresidenta de la Sala de Primera Instancia de la Corte y ponente del caso contra González, le preguntó si iba a emitir alguna manifestación. El exfuncionario del gabinete, aunque rompió su silencio, en principio se limitó a afirmar que no diría nada.
"No, su señoría. Estoy pendiente de la evolución de este asunto", dijo el exdirectivo del partido Alianza Verde cuando la togada le preguntó si se pronunciaría sobre las potenciales víctimas. "Gracias, magistrada", zanjó, antes de que su abogado en ese momento, Iván Cancino, tomara la vocería.
El exdirector del Dapre cuestionó la acusación de la Fiscalía
Cancino aprovechó la audiencia virtual para cuestionar las postulaciones de las víctimas y para pedirle a la Fiscalía que aclare ciertos puntos de su acusación. Y, en lo que calificó como un llamado al "orden", pidió que no se tachara a González de "prófugo de la justicia".
"Estas audiencias se han venido desarrollando con toda la calma y la tranquilidad", sostuvo el penalista. "Me gustaría que dejáramos las reglas claras", agregó, porque, en su concepto, "esa aseveración de 'prófugo de la justicia' no viene al caso hacerla en una presentación de partes".
Antes del cierre de la jornada, el ahora acusado protestó por los señalamientos de la Fiscalía. Las normativas sobre procesos penales indican que los jueces deben preguntar a los procesados si comprendieron lo que se les achaca. González lo negó, alegando "vacíos y falsedades".
La declaración se tornó en un cruce entre la magistrada Barreto y el exdirector. Hubo regaños, gestos faciales y reproches. González, de gafas y al frente de un fondo blanco que no daba cuentas de dónde se encontraba fugado, remarcó que no aceptaba los cargos.
"Obviamente, para mí no es clara. Para mí, hay una serie de absurdos en esa acusación, hay una serie de mentiras en esa acusación. Para mí, no es válida, y estamos aquí frente a una incriminación real, unos hechos que se juzgaron por otro lado", expresó con ironía.
Los expedientes por el saqueo a la UNGRD en la administración de Petro apuntan a González, ex representante a la Cámara, como una pieza central. Por eso la Fiscalía le pidió al Tribunal Superior de Bogotá una medida de aseguramiento en su contra, y a la Interpol, una circular roja.
El caso UNGRD avanza mientras González permanece asilado en Nicaragua
La Corte Suprema deberá fijar la fecha para una audiencia preparatoria, que definirá las evidencias que se debatirán en el juicio, y luego un cronograma para el juzgamiento propiamente. Entre tanto, Iván Name y Andrés Calle permanecen detenidos de forma preventiva, también acusados.
Petro le pidió a Managua el 15 de agosto extraditar a González, luego de que un funcionario de la Embajada bogotana en Nicaragua solicitara la residencia para el exmilitante del M-19. El Ejecutivo colombiano ha negado estar detrás de la petición.
El régimen de los Ortega Murillo respondió con una nota diplomática en la que confirmó el asilo para González. Los ministerios de Exteriores y de Justicia colombianos aseguran que González es requerido "por la presunta comisión de delitos de carácter común", no por persecución política.
Carlos Ramón González "enfrenta un proceso penal", enfatizaron las carteras. El derecho al asilo, entonces, "no podrá ser invocado por las personas respecto de las cuales existan motivos fundados de que han cometido delitos comunes o se haya entablado una acción judicial originada por dichos delitos".
La Fiscalía le imputó a González cohecho, peculado y lavado de activos. Ninguno de los punibles es político. Así lo resaltó, además, el Tribunal de Bogotá. Desde que el ente acusador imputó a González en mayo, su paradero había sido desconocido, hasta que las investigaciones y la idea de una orden de captura revelaron que está en Centroamérica.
En diciembre del año pasado, González reapareció en una fiesta vallenata que organizó el cuerpo diplomático de Bogotá en Managua. La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa contra funcionarios "por determinar" de la Cancillería y de la Embajada.
La fuga de González también es investigada por autoridades disciplinarias
"A fin de obtener las pruebas que permitan delimitar los hechos enrostrados, y conforme a ello determinar presuntos responsables, y valorarlos de cara a la posible incidencia disciplinaria, se dispone iniciar indagación previa", sostiene el auto de cuatro páginas que da inicio al proceso.
La Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría ordenó una inspección en la Cancillería para conocer su participación en la ‘Noche Vallenata’, la parranda del 11 de diciembre en el Palacio de los Cristales, un salón del lujoso Teatro Nacional Rubén Darío, en la capital nicaragüense.
El Ministerio de Exteriores, liderado entonces por Rosa Yolanda Villavicencio, tenía que responder por "la naturaleza del evento", los invitados y los recursos invertidos, con soportes como contratos para artistas, convenios de logística y constancias de pagos para los responsables de la organización.
Contestó, además, si tuvo conocimiento de que González hubiese asistido y si adelanta una investigación. La Cancillería anunció el 16 de diciembre un proceso interno para "establecer las posibles responsabilidades" del entonces encargado de negocios, Óscar Muñoz, reubicado después.
La Fiscalía también abrió una indagación. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, por su parte, investiga a la fiscal María Cristina Patiño y al fiscal Gabriel Sandoval Vargas, quienes han encabezado los procesos por la UNGRD, por una presunta negligencia que derivó en la fuga de Carlos Ramón González.
En noviembre de 2025, la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes ordenó recaudar pruebas contra la fiscal general, Luz Adriana Camargo, por una denuncia de la Red de Veedurías de Colombia que asevera que "no ha realizado gestiones para el cumplimiento de la captura" contra González.
Claves del tema, en cuatro preguntas:
¿Por qué el Tribunal Superior de Bogotá mantuvo la orden de captura contra Carlos Ramón González?
El Tribunal Superior de Bogotá ratificó la orden de captura que había sido extendida por un año contra Carlos Ramón González, exdirector del Dapre y uno de los principales señalados por el caso de corrupción de la UNGRD. Los magistrados consideraron que la medida de aseguramiento sigue vigente, aunque todavía no ha podido ejecutarse porque González permanece fuera de Colombia, asilado en Nicaragua.
¿De qué acusa la Fiscalía a Carlos Ramón González por el escándalo de la UNGRD?
La Fiscalía acusa a González de cohecho, peculado y lavado de activos y lo señala como una pieza central del entramado de corrupción que habría desviado recursos de la UNGRD. Según la acusación, en septiembre de 2023 habría ordenado entregar tres mil millones de pesos al entonces presidente del Senado Iván Name y mil millones al expresidente de la Cámara Andrés Calle, presuntamente para favorecer el trámite de las reformas del Gobierno Petro en el Congreso.
¿Dónde está Carlos Ramón González y por qué no ha sido capturado?
González se encuentra en Nicaragua, donde el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo le concedió asilo. Por esa razón, aunque la justicia colombiana mantiene vigente la orden de captura y la Fiscalía solicitó una circular roja de Interpol, la medida de aseguramiento no se ha hecho efectiva. El Gobierno colombiano ha solicitado su extradición y sostiene que González es requerido por delitos comunes, no por razones de persecución política.
¿Qué otras investigaciones existen por la fuga de Carlos Ramón González?
Además del proceso penal que enfrenta ante la Corte Suprema, la salida del país de González ha provocado investigaciones contra funcionarios que pudieron haber intervenido o tenido conocimiento de su situación. La Procuraduría abrió una indagación sobre la actuación de la Cancillería y la Embajada de Colombia en Nicaragua, mientras la Comisión Nacional de Disciplina Judicial investiga a dos fiscales por una presunta negligencia relacionada con la fuga. La Comisión de Acusación también ordenó recaudar pruebas contra la fiscal general, Luz Adriana Camargo.
