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La juez Novena Laboral del Circuito de Barranquilla (Atlántico) Amalia Rondón Bohórquez, levantó la medida provisional de suspender las pruebas escritas del Concurso de Méritos de la Fiscalía General que serán aplicadas el próximo domingo 24 de agosto a 98.687 personas que aspiran a ocupar 4.000 cargos de carrera en la entidad.
Argumentando que resultaba desproporcionado y y comprometía la validez técnica, logística y financiera del proceso, la Fiscalía había solicitando derogar una medida cautelar de la misma juez que había ordenado frenar este concurso afectando a más de cien mil aspirantes al concurso de méritos y generando una defraudación que ascendía a los siete mil millones de pesos.
La decisión se produjo ante la petición formulada por la propia Fiscalía argumentando que la orden judicial derogada emitida en principio de manera oficiosa por la juez al dar trámite a la acción de tutela de un aspirante inadmitido por falta del requisito pleno de la experiencia profesional, resultaba desproporcionada y comprometía la validez técnica, logística y financiera del proceso.
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Al acoger los argumentos y pruebas expuestos por la Fiscalía, el juzgado admitió que se aportaron “elementos de juicio de gran calado que deben ser sopesados, entre ellos la alternativa de permitir el examen del accionante en igualdad de condiciones que los demás participantes con miras a evitarse el perjuicio irremediable”, cuya validez estará supeditada a la decisión definitiva de la acción de tutela.
En efecto, la Fiscalía pidió al juzgado modular la medida inicial de suspensión provisional para que autorizara la continuidad de la aplicación de las pruebas escritas del concurso, garantizando la participación del accionante, pero dejando claro que los efectos de su resultado quedaran sujetos a lo que disponga el fallo de fondo.
“Como alternativa menos lesiva, se solicita autorizar la citación preventiva de todos los aspirantes, incluido el accionante, para la fecha prevista, evitando así ́ los sobrecostos desproporcionados, el riesgo de filtración de materiales y la afectación de un proceso colectivo de trascendencia nacional”, sostuvo en su momento la Fiscalía al oponerse a la tutela.
Para la Fiscalía, la modulación concedida ofrece un punto de equilibrio entre la garantía del derecho individual del accionante y la necesidad de preservar los principios de mérito, igualdad y economía que orientan los concursos públicos.
De esta forma, se evitó que la tutela, en lugar de proteger, generara u General de la Nación, se preservó la validez técnica de la prueba y se impidieron perjuicios económicos y logísticos de gran magnitud al Estado.
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El director Ejecutivo de la Fiscalía General, Alejandro Giraldo, añadió que teniendo en cuenta que la juez debió declararse impedida desde un primer momento para conocer el caso, este organismo espera que la Comisión Nacional de Disciplina judicial adelante las investigaciones a que haya lugar.
