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Casi treinta años después de la masacre perpetrada en el corregimiento El Aro, del municipio de Ituango, en Antioquia, la Fiscalía General de la Nación llamó a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien tendrá que responder por su presunta responsabilidad en el crimen.
El propio exmandatario hizo oficial la citación, a través de su cuenta de X. "A enfrentar este suplicio a pocas horas de elecciones", expresó el exgobernador de Antioquia, en la que afirmó que sus abogados fueron quienes le notificaron.
Hasta el momento, Jaime Granados, el penalista titular de la defensa de Uribe en todas las causas penales que ha enfrentado, no se ha pronunciado. A tres días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el exsenador considera al llamado un ataque político.
La fiscal del caso, asegura Uribe, "no ha recibido una sola declaración mía". "De una vez me lleva al proceso para condenarme", señaló, aunque una indagatoria es el paso que concreta la transición de una indagación previa a una investigación formal, sin que signifique una determinación de fondo.
En octubre de 2025, una juez del circuito de Medellín compulsó copias para que la Fiscalía investigue al expresidente Uribe, a su hermano Santiago —condenado en dos instancias por su papel en el grupo paramilitar los Doce Apóstoles— y al general retirado Carlos Alberto Ospina, excomandante de la IV Brigada del Ejército, con sede en Medellín.
Claudia Castro, la jueza, condenó al exsubdirector del antiguo Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) José Miguel Narváez por haber ordenado en 1999 el secuestro de la fallecida exsenadora Piedad Córdoba. La compulsa le pidió al ente acusador establecer si los hermanos Uribe Vélez determinaron los homicidios de los abogados defensores de derechos humanos Jesús María Valle y Eduardo Umaña.
La solicitud aterrizó en la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, que acumuló varias carpetas que por varios años navegaron entre despachos, en parte por el fuero que Uribe adquirió al ser congresista. La decisión que ahora reprocha Uribe es la de abrir una investigación formal el 17 de junio por homicidio en persona protegida y concierto para delinquir, ambos agravados.
Francisco Enrique Villalba Hernández, un exparamilitar con el alias de 'Cristian Barreto', declaró bajo juramento en 2008 que el entonces gobernador de Antioquia se reunió con comandantes paramilitares e integrantes de la fuerza pública. En el encuentro, dice, se ordenaron los asesinatos de Umaña y Valle.
"Ahí estaban, de las autodefensas, Carlos Castaño, Salvatore Mancuso, 'Mono Leche', Junior y mi persona, con veintidós hombres que yo tenía al mando", narró Villalba, asesinado tiempo después de su testimonio.
La reunión habría ocurrido en 1997 en la finca La Marranera, en Yumbo, Valle del Cauca. El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, hoy nombrado por el gobierno de Gustavo Petro gestor de paz, confesó lo mismo en una versión libre preso en Estados Unidos en 2009.
El expresidente emitió un comunicado de prensa en su momento tachando de "prevaricato" a la compulsa de copias. El exmandatario, que luego de aceptar la derrota de Paloma Valencia en la primera vuelta apoya al aspirante Abelardo de la Espriella, insistió en que durante la reunión de la que hablan los exparamilitares él estaba en la Universidad de Oxford.
Jesús María Valle fue asesinado el 27 de febrero de 1998. Dos sicarios le dispararon en su oficina en Medellín cuando investigaba las alianzas entre el Estado y el paramilitarismo en las masacres de El Aro, perpetrada entre el 22 y el 31 de octubre de 1997 por unos 150 paramilitares, y La Granja, ejecutada en junio de 1996 contra cinco personas
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