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Casi treinta años después de la masacre perpetrada en el corregimiento El Aro, del municipio de Ituango, en Antioquia, la Fiscalía General de la Nación llamó a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien tendrá que responder por su presunta responsabilidad en el crimen.
El propio exmandatario hizo oficial la citación, a través de su cuenta de X. "A enfrentar este suplicio a pocas horas de elecciones", expresó el exgobernador de Antioquia, en la que afirmó que sus abogados fueron quienes le notificaron.
Hasta el momento, Jaime Granados, el penalista titular de la defensa de Uribe en todas las causas penales que ha enfrentado, no se ha pronunciado. A tres días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el exsenador considera al llamado un ataque político.
La fiscal del caso, asegura Uribe, "no ha recibido una sola declaración mía". "De una vez me lleva al proceso para condenarme", señaló, aunque una indagatoria es el paso que concreta la transición de una indagación previa a una investigación formal, sin que signifique una determinación de fondo.
En octubre de 2025, una juez del circuito de Medellín compulsó copias para que la Fiscalía investigue al expresidente Uribe, a su hermano Santiago —condenado en dos instancias por su papel en el grupo paramilitar los Doce Apóstoles— y al general retirado Carlos Alberto Ospina, excomandante de la IV Brigada del Ejército, con sede en Medellín.
Los testimonios de paramilitares que reactivaron el expediente
Claudia Castro, la jueza, condenó al exsubdirector del antiguo Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) José Miguel Narváez por haber ordenado en 1999 el secuestro de la fallecida exsenadora Piedad Córdoba. La compulsa le pidió al ente acusador establecer si los hermanos Uribe Vélez determinaron los homicidios de los abogados defensores de derechos humanos Jesús María Valle y Eduardo Umaña.
La solicitud aterrizó en la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, que acumuló varias carpetas que por décadas navegaron entre despachos, en parte por el fuero que Uribe adquirió al ser congresista. La decisión que ahora reprocha Uribe es la de abrir una investigación formal el 17 de junio por homicidio en persona protegida y concierto para delinquir, ambos agravados.
Francisco Enrique Villalba Hernández, un exparamilitar con el alias de 'Cristian Barreto', declaró bajo juramento en 2008 que el entonces gobernador de Antioquia se reunió con comandantes paramilitares e integrantes de la fuerza pública. En el encuentro, dice, se ordenaron los asesinatos de Umaña y Valle.
"Ahí estaban, de las autodefensas, Carlos Castaño, Salvatore Mancuso, 'Mono Leche', Junior y mi persona, con veintidós hombres que yo tenía al mando", narró Villalba, asesinado tiempo después de su testimonio.
El Aro, La Granja, las masacres y los asesinatos que no prescriben
La reunión habría ocurrido en 1997 en la finca La Marranera, en Yumbo, Valle del Cauca. El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, hoy nombrado por el gobierno de Gustavo Petro gestor de paz, confesó lo mismo en una versión libre preso en Estados Unidos en 2009. Álvaro Uribe fue gobernador entre 1995 y 1997.
El expresidente emitió un comunicado de prensa en su momento tachando de "prevaricato" a la compulsa de copias. El exmandatario, que luego de aceptar la derrota de Paloma Valencia en la primera vuelta apoya al aspirante Abelardo de la Espriella a la Casa de Nariño, insistió en que durante la reunión de la que hablan los exparamilitares él estaba en la Universidad de Oxford.
Jesús María Valle fue asesinado el 27 de febrero de 1998. Dos sicarios le dispararon en su oficina en Medellín cuando investigaba las alianzas entre el Estado y el paramilitarismo en las masacres de El Aro, perpetrada entre el 22 y el 31 de octubre de 1997 por unos 150 paramilitares, y La Granja, ejecutada en junio de 1996 contra cinco personas, la mayoría líderes sociales.
"No me mueven odios contra el gobernador Álvaro Uribe Vélez o el comandante de la brigada", dijo Valle en una entrevista. El 18 de abril de 1998, el abogado Eduardo Umaña Mendoza también fue acribillado.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos calificó ambos homicidios como de lesa humanidad, lo que implica que no prescriben y pueden ser juzgados en cualquier momento.
Claves del tema, en cuatro preguntas:
Por qué la Fiscalía llamó a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe Vélez?
Porque abrió una investigación formal para establecer si tuvo alguna responsabilidad en la masacre de El Aro y en hechos relacionados con el asesinato de los abogados de derechos humanos Jesús María Valle y Eduardo Umaña Mendoza. La actuación se adelanta por los delitos de homicidio en persona protegida y concierto para delinquir, ambos agravados.
¿Qué pruebas o testimonios motivaron la reapertura del caso?
La Fiscalía recopiló distintos expedientes y valoró declaraciones de exparamilitares como Francisco Villalba y Salvatore Mancuso, quienes aseguraron que en una reunión ocurrida en 1997 se habrían impartido órdenes relacionadas con los crímenes. Uribe ha negado esas versiones y sostiene que se encontraba en la Universidad de Oxford.
¿Qué relación tienen las masacres de El Aro y La Granja con la investigación?
Los abogados Jesús María Valle y Eduardo Umaña denunciaban presuntos vínculos entre agentes estatales y estructuras paramilitares en las masacres de El Aro y La Granja, ocurridas en Antioquia durante la década de 1990. Ambos fueron asesinados posteriormente, y esos homicidios forman parte del contexto que analiza la Fiscalía.
¿Qué implica la indagatoria para Álvaro Uribe y qué sigue en el proceso?
La indagatoria es una diligencia propia de una investigación formal que le permite al expresidente conocer los hechos atribuidos y ejercer su defensa. No supone una condena ni una decisión definitiva, sino una etapa en la que la Fiscalía continúa recopilando y contrastando pruebas antes de resolver si presenta una acusación o archiva el caso.
