Fiscalía imputó cargos contra el alcalde de Tunja por presunta corrupción en contratos

Se advierte que con la contratación irregular el alcalde presuntamente vinculó laboralmente a la persona que demandó su elección.
Alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, en audiencia de imputación
Alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, en audiencia de imputación Crédito: Fiscalía General de la Nación

La Fiscalía General de la Nación formuló imputación de cargos contra el alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov; una funcionaria y una exfuncionaria de la Alcaldía por presuntos hechos de corrupción en un contrato de prestación de servicios.

Por estos hechos también fueron imputadas ante un juez de control de garantías la directora de Contratación, Luz Mila Acevedo Galán; y la exgestora Social, Sara Catalina Pedraza Canaría.

De acuerdo con los investigadores de la Fiscalía se estableció que con esta actuación fue vinculada laboralmente la persona que presentó una demanda de nulidad a la elección del Alcalde y así fue persuadida para que desistiera de sus pretensiones legales.

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El fiscal delegado logró verificar que, inicialmente, se firmó un contrato en febrero de 2024, por 19’800.000 pesos, que no se ejecutó. Posteriormente, se celebró un segundo contrato de prestación de servicios, a través de la empresa pública Ecovivienda, por un monto que ascendió a 54’285.000 pesos.

Las pruebas recolectadas por los agentes de Policía judicial evidenciaron que los trámites de contratación comenzaron después de haber sido instaurada la demanda de nulidad y culminaron con el retiro de la acción legal.

Sumado a ello, se conoció que el alcalde de Tunja presuntamente amenazó al entonces gerente de Ecovivienda para presionarlo a celebrar el contrato que se materializó y expedir un documento que supuestamente lo eximía de responsabilidad.

Ante los hechos investigados, el alcalde de Tunja fue imputado por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y amenazas a testigo; mientras que a Sara Catalina Pedraza y a Luz Mila Acevedo Galán, les fueron formulados cargos por interés indebido en la celebración de contratos, en calidad de cómplice y coautora, respectivamente.

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Previa solicitud de la Fiscalía, el juez de control de garantías a cargos del caso impuso al alcalde y las demás implicadas medidas no privativas de la libertad.


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