La FM en Google News
El Consejo de Estado condenó a la Fiscalía a pagar $7.300 millones de pesos a los familiares de 29 personas que fueron detenidas en el municipio de Quinchía, (Risaralda), por supuestos nexos grupos ilegales que nunca pudieron ser probados.
Los hechos ocurrieron en el 2003 cuando se desarrolló la ‘Operación Libertad’. Meses después de su captura terminaron siendo acusadas de rebelión, terrorismo, concierto para delinquir y algunas de ellas de secuestro extorsivo.
Pero en julio de 2005, un fiscal Delegado ante el Tribunal Superior de Risaralda, revocó la medida de aseguramiento y precluyó la investigación por falta de pruebas. Los capturados acudieron a la reparación en el 2011.
El caso llegó al Consejo de Estado que determinó que la actuación de la Fiscalía fue desproporcionada, pues emitió una serie de decisiones que privaron a los demandantes de su libertad, con base en testimonios no contrastados de exmilitantes de la guerrilla del EPL.
Para la corporación, testimonios de oídas en torno a la supuesta colaboración de los investigados con la insurgencia no eran suficientes para probar su accionar delictivo, pues “el accionar de la fuerza insurreccional y los rumores que se propagaban sigilosamente, sustituían a las fuerzas del orden”.
