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La polémica parranda vallenata que se adelantó en la cárcel de Itagüí y que fue organizada y pagada por los jefes criminales que se encuentran recluidos en ese centro penitenciario, continúa dando de qué hablar.
El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, dijo que tras este episodio debe ser la Oficina del Alto Comisionado de Paz del Gobierno la que solicite el traslado de estos delincuentes a otros centros.
“La directriz del presidente es pensar en el traslado de estas personas que están en la mesa de negociación socio jurídica. ¿Qué sigue ahora? Que la oficina del Alto Comisionado elabore la petición formal y establezca el grado de estas personas porque cada uno está asignado a distintas prisiones”, indicó.
Y añadió: “la oficina del alto comisionado le remite al INPEC toda esta información, el INPEC informa cuáles son los pabellones o cuáles son los centros carcelarios que están disponibles y ahí ya se toma la decisión del traslado que después será coordinado por el INPEC y por la propia Policía”.
El ministro Cuervo afirmó que se están adelantando todas las investigaciones disciplinarias para determinar a los responsables de este hecho.
“Se removió el director, el comandante de guardia, se iniciaron procesos disciplinarios contra varios dragoneantes de la guardia penitenciaria, la Fiscalía ya asumió control del tema, la Procuraduría también está haciendo lo propio, el director regional del INPEG, el doctor González, asumió el control del penal”, indicó.
El ministro de Justicia volvió a ofrecer excusas a la ciudadanía por lo ocurrido en la cárcel de Itagüí. “Nosotros insistimos en seguir rechazando este tipo de hechos, no pueden pasar. Yo, una vez más, aprovecho la oportunidad de nuevo para ofrecer excusas al país. Este tipo de cosas no pueden pasar ni en los centros carcelarios, ni mucho menos en centros carcelarios donde estén representantes de los procesos de negociación”, sostuvo.
Cuervo aseguró que en caso tal de que el Gobierno decida reanudar los diálogos con estos jefes de organizaciones criminales, los mismos tienen que darse con plenas garantías para evitar que estas situaciones, como fiestas y parrandas, no vuelvan a presentarse.
