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Al cumplirse una semana del secuestro de cinco patrulleros de la Policía Nacional en la vía Tibú-Cúcuta, sus familias mantienen la incertidumbre. Ante la ausencia de pruebas de supervivencia, los allegados de los uniformados se concentraron frente a la Gobernación de Norte de Santander para exigir gestiones que permitan su pronta liberación.
Con globos blancos, pancartas y retratos de los oficiales, los manifestantes instaron al Ejército de Liberación Nacional (ELN), responsable del rapto, a facilitar el retorno de los uniformados. "Pedimos que dialoguen y alcancen un acuerdo. Al Gobierno le solicitamos que hable con el grupo captor; queremos a nuestros familiares de regreso", manifestó un pariente de las víctimas.
Críticas a la seguridad y falta de apoyo político
La protesta también sirvió para cuestionar los protocolos de seguridad de la fuerza pública. Los familiares denunciaron que, mientras los políticos gozan de esquemas con vehículos blindados y helicópteros, los patrulleros destinados a zonas críticas como el Catatumbo deben desplazarse en transporte público durante sus permisos, quedando vulnerables ante grupos armados.
Asimismo, señalaron que, aunque la Policía Nacional les ha brindado acompañamiento institucional, el apoyo del gobierno departamental ha sido nulo. "De la Gobernación no hemos recibido apoyo; nos han dejado en el abandono. Ni siquiera mencionan el caso", denunciaron durante la jornada.
Canal humanitario y condiciones del ELN
Desde el ámbito eclesiástico, monseñor Israel Bravo, obispo de Tibú, confirmó que existe un canal humanitario listo, integrado por la Defensoría del Pueblo y líderes regionales. Según el prelado, el ELN tendría la voluntad de liberar a los jóvenes; no obstante, el grupo armado emitió un comunicado en el que condiciona la entrega a la disminución de la intensidad de las operaciones militares en la zona.
Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ratificó que las operaciones en territorio continúan para localizar a los policías, quienes fueron interceptados en un retén ilegal el pasado 6 de enero cuando regresaban a sus subestaciones.
Finalmente, la Policía Nacional mantiene vigente la recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que conduzca a la liberación de los uniformados y a la captura de los responsables del secuestro.
