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La Jurisdicicón Especial para la Paz (JEP) ordenó la libertad de María Eugenia Ballena Mejía, procesada por recultar a jóvenes en diferentes regiones del país con ofertad de trabajo falsas. Estas personas viajaron a la zona del Catatumbo, en Norte de Santander, donde fueron asesinados por agenes de la Fuerza Pública para ser presentados como guerrilleros abatidos en combate.
La decisión la tomó la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas después de avalar el aporte hecho por Ballena Mejía al esclarecimiento de los hechos en el caso 03 que hace referencia a los asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado o los casos de "falsos positivos" como se les conoce coloquialmente.
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La mujer se encuentra actualmente privada de su libertad en el Complejo Penitenciario y Carcelario Metropolitano de Cúcuta cumpliendo varias condenas por los delitos de homicidio agravado, homicidio agravado en concurso con fraude procesal y concierto para delinquir, por hechos ocurridos entre 2007 y 2009.
En 2018, desde su lugar de reclusión, Ballena Mejía firmó su acta de sometimiento anunciando su colaboración con las autoridades para esclarecer varios casos de ejecuciones extrajudiciales.
Sus testimonios permitieron reconstruir -señala la Sala-el patrón macrocriminal e identificar el cambio de modalidad que llevó a que las víctimas fueran trasladadas al Catatumbo desde otras zonas del país, por miembros de la Brigada Móvil 15 y el Batallón de Infantería No. 15 'General Francisco de Paula Santander'.
Fue a partir de 41 versiones entregadas por miembros de la Fuerza pública de todos los rangos y terceros civiles que colaboraron con las unidades militares, además de los informes entregados por las víctimas, inspecciones judiciales, libros de programas operacionales y expedientes, que la Sala de Reconocimiento de Verdad les imputó crímenes de guerra y lesa humanidad a 10 oficiales del Ejército y un civil, por su participación determinante en el asesinato de, por lo menos, 120 personas en el Catatumbo, que fueron presentadas como bajas en combate, cuando no lo eran.
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Finalmente, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas también tuvo en cuenta el proyecto de aportes a la verdad presentado por Ballena Mejía y determinó que este cumple con los parámetros exigidos. No obstante, los magistrados le solicitaron que ajuste el plan de reparación y no repetición, ya que su propuesta debe ser concretada para que luego pueda ser avalada por la Sala de Reconocimiento de Verdad, que fijará la mejor ruta que garantice los derechos de las víctimas.
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