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El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, le pidió a su canciller Rosa Yolanda Villavicencio informarle a Reino Unido de “la importancia y prioridad” de la extradición de la empresaria Zulma Guzmán Castro, procesada en Colombia por el asesinato de dos niñas con frambuesas envenenadas con talio.
Con una carta breve de dos páginas, Cuervo afirmó que el retorno de Guzmán es necesario “para evitar escenarios de impunidad y permitir el esclarecimiento de los hechos por parte de las autoridades judiciales competentes”.
La mujer permanece detenida en Reino Unido a la espera de su extradición. La Cancillería recibió el oficio a inicios de marzo.
“La comparecencia de la requerida en Colombia resulta esencial para la garantía de los derechos de las víctimas en un caso de especial relevancia, atendiendo a la naturaleza de los hechos objeto de investigación y a la condición de las víctimas”, sostuvo Cuervo.
Tribunal de Magistrados de Westminster lleva el caso
Guzmán ha acudido desde enero ante el Tribunal de Magistrados de Westminster, en el despacho que adelanta el trámite judicial que determinará si se cumplen los requisitos para su retorno a Bogotá.
Entre tanto, la empresaria está recluida de forma preventiva en Bronzefield, la cárcel de mujeres más grande de Europa.
En Colombia, las autoridades mantienen la expectativa. A finales del año pasado, bastaron tres días para agrupar carpetas y folios que viajaran hasta Reino Unido.
Luego de la revelación de medios británicos sobre el rescate de Guzmán Castro en el río Támesis, la Fiscalía y el Ejecutivo pisaron el acelerador.
El 16 de diciembre de 2025, las autoridades británicas encontraron a Guzmán. Desde entonces, la mantuvieron en custodia.
La circular roja de Interpol contra la investigada por el asesinato de dos menores se hizo efectiva el 6 de enero de 2026, cuando el personal médico que la cuidaba certificó que estaba en buenas condiciones de salud.
La Fiscalía empezó a moverse el 17 de diciembre. La fiscal Elsa Reyes, delegada ante jueces especializados de Bogotá, contactó a sus superiores para activar todos los canales que permitieran la extradición de la empresaria, sobre quien pesa una orden de captura desde el 25 de octubre.
Investigación busca demostrar que Guzmán envió frambuesas envenenadas
Reyes, quien ha acumulado testimonios, informes y elementos probatorios que vinculan a Guzmán con la intoxicación con talio por la que murieron dos menores en la capital en abril, le pidió al director seccional de Bogotá, Javier Mauricio Paba, interceder ante el ente acusador y ante el Ministerio de Justicia.
En total, Paba le remitió a la cartera del Derecho 37 folios para incidir en la extradición, "en virtud de la investigación" adelantada contra la bogotana de 54 años "por los delitos de homicidio con circunstancias de agravación punitiva" y homicidio en tentativa.
La Fiscalía describe a Zulma Guzmán como una mujer soltera de un metro con setenta, contextura mediana, tez trigueña, cabello castaño claro, ojos verdes, cejas ligeramente arqueadas, nariz recta, boca pequeña y labios medianos. La información, contenida en la orden de captura servía para que Reino Unido la identificara.
El 3 de abril de 2025, dos menores recibieron un domicilio de frambuesas congeladas cubiertas con chocolate, "un alimento (...) intencionalmente contaminado con talio, metal pesado altamente tóxico", narra la fiscal Reyes en su solicitud de extradición. Las niñas consumieron el producto al día siguiente.
Una de las intoxicadas murió el 5 de abril. Otra, cuatro días después. Un joven de veintiún años y una tercera adolescente "habrían fallecido" si no lograban recibir "atención médica inmediata".
"Las lesiones ocasionadas les generaron afectaciones permanentes", relata el ente investigador.
La Fiscalía da por hecho que Guzmán "coordinó el envío del alimento envenenado", así que la señala como autora de los homicidios y las tentativas.
"Este caso reviste extrema gravedad", insiste Reyes, argumentando los decesos, las edades de las víctimas y la contaminación.
El expediente acapara, como elementos que serán pruebas en un futuro juicio, testimonios, búsquedas en bases de datos, inspecciones —como a un edificio de oficinas o a la vivienda que fue escena del crimen—, interceptación de comunicaciones, pruebas toxicológicas y allanamientos.
Víctimas y pruebas que sustentan el proceso por homicidio agravado
"Valiéndose de un tercero o empresa de mensajería y de maniobras engañosas, habría hecho llevar a la vivienda (...) un alimento (...) intencionalmente contaminado con talio que, al día siguiente de su ingesta (...), causó la muerte de las menores", dice la fiscal refiriéndose a Guzmán.
Los sistemas neurológico, respiratorio, cardiovascular, renal, metabólico y hematológico de una de las sobrevivientes quedaron seriamente comprometidos. El último de los jóvenes afectados requirió manejo con terapias extracorpóreas y de quelación, por lesiones en varios órganos.
En octubre de 2025, la fiscal del caso le pidió al Juzgado 13 de Control de Garantías de Bogotá la captura de la empresaria. El togado Wilfredo Betancourt Mosquera accedió. En ese momento las autoridades no conocían la residencia ni más datos particulares además de la estatura.
La finalidad del arresto, desde entonces, es "asegurar la comparecencia" de Zulma Guzmán en el proceso penal. O sea, frenar su aparente comportamiento escurridizo y permitir que Reyes le impute cargos y pida una medida de aseguramiento en la cárcel.
A partir del 25 de octubre, la orden de captura se ha mantenido vigente por hasta un año. La investigación dio con la empresa que entregó las frambuesas, una veterinaria, un consultorio odontológico, un número de teléfono clave y un supuesto escape de Guzmán a Argentina luego de los asesinatos.
La Fiscalía asevera contar con al menos dieciocho informes —entre los de investigadores y los de necropsia—, seis declaraciones, dos entrevistas, una orden de captura —la del juez de garantías—, el registro migratorio de Zulma Guzmán y su tarjeta decadactilar.
"Con base en el citado material, se encuentra acreditada la posible responsabilidad de la ciudadana Zulma Guzmán Castro", concluye la fiscal Reyes, quien prometió prorrogar la orden de captura de la bogotana "las veces que resulten necesarias" si no se hace efectiva antes de octubre de 2026.
Trámite diplomático y judicial para lograr extradición de Guzmán
Adriana Mercado, directora de Asuntos Internacionales de la Fiscalía, se unió a la petición de extradición. El 18 de diciembre le envió al Ministerio de Justicia un oficio que marcó en la primera página con la expresión "alta prioridad" en negrita, mayúscula y subrayada.
Entre Colombia y Reino Unido existe el Tratado de Recíproca Extradición de Reos desde octubre de 1888. Mercado puso en manos de la dirección de Asuntos Internacionales de la cartera de Justicia toda la documentación sobre Guzmán en español y en inglés.
La idea era que el ministerio "disponga el trámite pertinente con el objeto de que a la mayor brevedad posible se eleve el pedido formal de extradición" ante las autoridades competentes del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, según la misiva de Mercado.
El Ministerio de Justicia contestó. El Grupo de Extradiciones de la agencia gubernamental elaboró un documento que posteriormente firmó la directora Ana Fabiola Castro, y que desde la primera página expresa la "necesidad" de que Guzmán le responda a la justicia.
"Con el fin de viabilizar la petición se suministra y adjunta la documentación necesaria que respalda esta solicitud, la cual esperamos sea considerada con la mayor diligencia", remarca el archivo, de cinco páginas, que reitera los delitos: homicidio y tentativa de homicidio, ambos agravados.
La petición llegó a Europa, al otro lado del mundo. El exministro de Justicia interino, Andrés Idárraga, esperaba que Zulma Guzmán regresara a Colombia esposada antes de que terminase el 2025.
O que, por lo menos, el Gobierno británico replicara después de Navidad. Finalmente, no ocurrió. Jorge Iván Cuervo sigue con la presión.
En diciembre, el Juzgado 69 de Control de Garantías emitió un edicto emplazatorio, un tipo de notificación pública, para informarle a Guzmán que en su contra avanzaba un proceso penal.
Se trata de un paso previo a una declaratoria de persona ausente, que la Fiscalía puede solicitar para imputar a a la empresaria mientras sigue fuera del país.
