La FM en Google News
La Fiscalía General de la Nación imputó cargos ante el Tribunal Superior de Bogotá contra el excanciller, Álvaro Leyva Durán, como presunto autor del delito de prevaricato por acción, al advertir que la decisión de declarar desierta en su momento la licitación de los pasaportes se constituyó en un abuso de su cargo y una falsa motivación.
"Ese abuso del cargo, esa desviación del poder ocurrió al reasumir la dirección de este proceso de licitación pública 001-2023 con la única finalidad de no acceder a la adjudicación del contrato al médico proponente habilitada", indicó la fiscal delegada.
Así mismo, sostuvo: "Especialmente. porque la función de dirigir los procesos contractuales del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio, así como de suscribir los actos contractuales que se derivaron de estos, se encontraba en cabeza de su secretario general, quien ya le había advertido cómo y de qué forma se encontraba adelantado el proceso licitatorio".
Al ser interrogado por la magistrada del Tribunal Superior de Bogotá, el exministro de relaciones exteriores no aceptó los cargos imputados por parte de la Fiscalía e insistió en su inocencia.
“No señora, no acepto ninguno de los cargos y quiero que sea muy clara la manifestación, que quede absolutamente clara. Y reitero, no acepto ninguno de los cargos, absolutamente no”, afirmó el excanciller Leyva.
Actuó de manera caprichosa
La fiscal a cargo del proceso fue más allá e indicó que con base en las pruebas las actuación del excanciller Leyva fue caprichosa y vulneró principios como el de economía y selección objetiva
“La resolución número 7485, por medio de la cual declaró desierto el proceso licitatorio 001-2023, resolución que, a juicio de la Fiscalía, es manifiestamente contraria a derecho, en la medida que, primero, vulneró de manera abierta, caprichosa e irrelevante lo dispuesto en el artículo 25, número 18 de la ley 80-93, en relación con los principios de economía y selección objetiva”, indicó la fiscal delegada.
Igualmente, señaló que el excanciller Leyva contaba con suficientes elementos de juicio que le permitían conocer las circunstancias en que se profirió el correspondiente acto administrativo.
“En tanto, hasta ese momento, no procedía a causa alguna que impidiera la escogencia objetiva de la propuesta de UTE-Pasaporte 2023 que se encontraba habilitada en los componentes jurídico, financiero y técnico-económico, con el total de los puntos asignados respecto de los actores objetivos de calificación, es decir, mil puntos sobre mil, propuesta que había sido recomendada como oferta adjudicada por el Comité de Evaluación”, señala el escrito de imputación.
Destituido por la Procuraduría
En relación con estos hechos, la Procuraduría General destituyó e inhabilito por diez años al ex ministro de relaciones exteriores Álvaro Leyva al considerar que careció de fundamento legal e incluso se desconocieron los principios sobre los cuales se rige la contratación en el Estado.
Cabe recordar, que a pesar de la determinación del excanciller, que le terminó por costarle la inhabilidad, destitución y ahora imputación por cargos de prevaricato, el Gobierno Nacional decidió otorgarle a la firma Thomas Greg & Sons un nuevo contrato bajo urgencia manifiesta hasta abril del próximo año para expedir los pasaportes.
En mayo de 2026 se tiene previsto que se dé inicio al nuevo modelo a cargo de la Imprenta Nacional en alianza con la Casa de Moneda de Portugal.
