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Los socios de la entidad financiera reclamaban la indemnización de los perjuicios, supuestamente causados por Fogafín, al ordenar la reducción del valor nominal de octubre de 1998, luego de que la Superintendencia Bancaria ordenara la capitalización de la entidad y esta no se cumpliera.
La Sección Tercera del Consejo de Estado, con ponencia del magistrado Danilo Rojas Betancourth, señaló que no se logró demostrar que con la orden de Fogafín la reducción nominal de acciones causara un perjuicio real, pues era necesario probar, entre otras cosas, que la acción efectivamente había bajado en el mercado de valores.
“Tampoco advierte la Sala que, con la reducción del valor nominal de sus acciones, se impusiera a los accionistas restricción alguna para negociar su participación en la Corporación de Ahorro y Vivienda que pudiera configurar una lesión a sus derechos patrimoniales”, indica la sentencia.
Según el Consejo de Estado, las acciones realizadas por la Superintendencia Bancaria y Fogafín se adoptaron con el fin de solventar la situación financiera de Granahorrar que podía conducir a su liquidación, situación que podía incidir de manera positiva y no negativa en el valor de mercado de las acciones.
“La Sala encuentra que si bien es cierto que la reducción del valor patrimonial afectó a la Corporación de Ahorro y Vivienda –aunque en estricto sentido la medida tenía por objeto ajustarse a la realidad patrimonial de una sociedad que se encontraba insolvente-, ello no implica una afectación a los derechos patrimoniales de los accionistas”, puntualizó el fallo.
