Entró en etapa final juicio contra sargento por secuestro de activista del M-19

Tras escuchar al último testigo de la defensa, el juez indicó que agotada la presentación de los testimonios, era necesario fijar fecha para la presentación de los alegatos de conclusión, sesión que se cumplirá en marzo próximo.

En desarrollo de una audiencia pública, el juzgador señaló que el procesado deberá responder ante el estrado por los delitos de secuestro extorsivo y tortura en concurso con tentativa de homicidio.

Para junio de 1985, el sargento Bernardo Garzón Garzón logró infiltrase en el M-19, donde era conocido como Lucas. No pasó mucho tiempo y desde el grupo alzado en armas se descubrió que se trataba de un integrante del Batallón Charry Solano.

Se conoció que el 8 de abril de 1986, en el centro de Bogotá, Marín Martínez fue secuestrado y luego conducido a las instalaciones del citado batallón, donde lo torturaron para sacarle información.

Según la versión, la intención era desaparecerlo, para lo cual lo trasladaron dentro de un costal, amarrado de pies y manos hasta un sector del parque La Florida, al noroccidente de Bogotá, sitio en el que le dispararon en dos ocasiones.

Ante la presencia de una patrulla de la Policía, los que llevaban a Marín Martínez debieron abandonar el lugar de prisa, sin constatar la suerte de la víctima, quien fue rescatado por los uniformados.

Por los hechos, la victima decidió buscar el exilio, el cual logró gracias a la gestión y protección de Amnistía Internacional, que lo ubicó en un país europeo, donde actualmente permanece.

Antonio Hernández, un joven director de la llamada revista Solidaridad, quien no era militante ni simpatizante del M-19, pero que era amigo de Marín Martínez y con quien horas antes se había reunido en la sede de juventud de trabajadores, el 8 de abril de 1986, desapareció y su cuerpo sin vida fue hallado al día siguiente en un basurero.

Para el 5 de septiembre de 2011, el Juzgado Sexto Penal Especializado de Bogotá anunció la prescripción de la acción penal, indicando que al Estado se le había agotado el tiempo para investigar el crimen de Guillermo Marín; no obstante el Tribunal Superior de Bogotá, consideró lo contrario.

Para 1990, el sargento Garzón Garzón se convirtió en testigo clave para la justicia Colombiana y gracias a sus delaciones se logró la ubicación del cuerpo sin vida de la militante del M-19, Nidia Erika Bautista, quien había sido desaparecida forzosamente.

Años más tarde el sargento trató de retractarse, pero sus declaraciones se habían acogido como verdad probada.