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En 2015, el nombre de Javier Rojas Uriana se conoció en todo el país cuando presentó una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra del Estado colombiano por la mortandad de niños de la etnia wayúu por desnutrición y falta de servicios médicos.
En la acción judicial, Rojas Uriana–quien funge como representante legal de la Asociación Shipia Wayúu- aseguró que el Estado había desamparado a dicho grupo indígena, omitiendo la protección de los menores de edad quienes no tienen acceso a agua potable o alimentos en buen estado.
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El organismo internacional aceptó las pretensiones de la demanda y dictó medidas cautelares para que el Estado colombiano fijara un plan para proteger a los niños, niñas y adolescentes que hacen parte de esta comunidad.
Desde la Asociación que lideraba, el líder wayúu denunció que pese a las medidas ordenadas los casos de mortandad infantil en dicha comunidad iban en aumento, situación por la cual emprendió otras acciones para que el Estado -principalmente el Instituto Colombia de Bienestar Familiar (ICBF)- respondiera y protegiera a los niños.
El nombre de Rojas volvió a ser noticia el pasado 29 de marzo cuando agentes del CTI lo capturaron en Riohacha. En su contra existía una orden de detención en el desarrollo de una investigación por las irregularidades en la celebración de contratos con entidades del Estado.
La Fiscalía General señaló que el líder wayúu se habría apropiado de más de mil millones de pesos en un convenio celebrado entre la Asociación Shipia Wayúu y el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) por un valor cercano a los 2.223 millones de pesos.
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El convenio tenía como objetivo la realización de un proyecto de desarrollo rural con aplicación de enfoque étnico diferencial a favor de 31 comunidades del pueblo wayúu que integran 200 familias. Con esto se buscaba el fortalecimiento de la economía tradicional (pastoreo, pesca artesanal y tejidos) en el resguardo de la alta y media Guajira.
Sin embargo, debido a la desviación de dinero y a las fallas que se presentaron en su ejecución el contrato tuvo que ser liquidado lo que generó una afectación a los recursos públicos, así como la calidad de vida de los pobladores de la comunidad nativa.
La Fiscalía General le imputó los delitos de peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y falsedad ideológica en documento público. Un juez de control de garantías de Riohacha dictó medida de aseguramiento en su contra y lo envió a la cárcel.
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Los abogados del líder indígena ahora buscan que su caso pase a la jurisdicción indígena al considerar que los hechos se presentaron en territorio indígena y los presuntos afectados hacen parte de la étnica, situación por la que debe aplicar el sistema normativo wayúu.
La Fiscalía General ya manifestó que está en contra de la propuesta puesto que los hechos materia de investigación afectaron los recursos públicos de la Nación. El Consejo Seccional de la Judicatura deberá tomar una decisión de fondo.
