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En un despliegue logístico sin precedentes y desafiando el bloqueo armado que mantiene el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el departamento del Chocó, la Gobernación departamental logró concretar una misión de asistencia vital. Se trata de la entrega de 10 toneladas de ayudas humanitarias destinadas a mitigar el sufrimiento de 10.000 personas que permanecen confinadas en el municipio del Bajo Baudó, atrapadas en medio de una confrontación que ha paralizado la vida productiva y social de la región.
Una luz de esperanza en medio del asedio
La llegada de estos suministros representa un alivio momentáneo para 26 comunidades, entre asentamientos afrodescendientes e indígenas, que habitan en la zona sur del departamento. Estos pobladores, distribuidos principalmente en las cuencas de los ríos Docampadó, Ijúa y Orpúa, han completado varios días bajo un "constreñimiento armado" que les prohíbe realizar sus actividades cotidianas. La intervención institucional permitió que alimentos de primera necesidad y kits de aseo llegaran hasta estos puntos críticos, donde el hambre comenzaba a hacer estragos.
La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba Curi, lideró la coordinación de este operativo, enfatizando que la prioridad es la vida de los civiles. "Estamos frente a un constreñimiento armado ilegal de manera indefinida que ha instituido el ELN en este municipio. Ante esta gravedad, lo más importante es garantizar la presencia del Estado y la asistencia alimentaria, mientras la Fuerza Pública trabaja en recuperar la movilidad en los corredores marítimos y fluviales", explicó la mandataria.
El drama del agua potable y el hambre
A pesar de la entrega de las 10 toneladas de suministros, la situación sigue siendo alarmante. El confinamiento ha generado una crisis de salubridad profunda: las comunidades no tienen acceso a agua potable. El control territorial de los grupos armados es tan estricto que los habitantes temen salir de sus viviendas incluso para surtirse de líquido en las quebradas cercanas.
La parálisis de la economía de "pancoger" y de las faenas de pesca ha dejado a las familias sin sustento diario. "La gente está absolutamente confinada; no se pueden movilizar para trabajar en sus territorios ni pueden acudir a la cabecera municipal para abastecerse. A esto se suma que no hay agua en el territorio porque el riesgo de salir a las fuentes hídricas es inminente", denunció la Gobernadora, haciendo énfasis en la violación sistemática de los Derechos Humanos.
Un llamado urgente por recursos y seguridad
Para enfrentar esta emergencia, se ha instalado un Puesto de Mando Unificado (PMU) en el que convergen el Ejército Nacional, la Policía, la Defensoría del Pueblo y diversas secretarías de despacho. Sin embargo, la magnitud de la crisis supera las capacidades regionales. La Gobernación del Chocó ha sido clara: los recursos propios del departamento no dan abasto para atender de manera prolongada a 10.000 personas en estado de vulnerabilidad extrema.
Por ello, la administración departamental elevó un llamado urgente al Gobierno Nacional y a la cooperación internacional. La meta es establecer una mesa de salud permanente y garantizar un corredor humanitario seguro que permita el flujo constante de víveres y medicamentos, evitando que la desnutrición y las enfermedades gastrointestinales cobren vidas en las comunidades más alejadas.
Desafíos climáticos en la zona de conflicto
El panorama se torna aún más complejo debido a factores ambientales. Mientras el norte del Chocó enfrenta una ola de frío, en el sur donde se concentra el bloqueo se registra una elevación en la temperatura del Océano Pacífico. Este fenómeno meteorológico no solo afecta las condiciones de salud de los confinados, sino que complica las maniobras de navegación de las lanchas que transportan la ayuda humanitaria.
Por: Sebastián Góez
