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Durante los últimos meses se han conocido varias fechas para la imputación de cargos a Esteban Moreno, David Portilla y Andrés SanMiguel, los tres personajes clave que conocen en detalle qué ocurrió con unos aparentes contratos falsos de Odebrecht para la campaña de reelección del expresidente, de los que no hay claridad sobre su recorrido y destino final.
Aunque inicialmente se dijo que la imputación sería en agosto y luego en septiembre, el vicefiscal general encargado, Jaime Camacho, contestó un derecho de petición a La FM en el que confirma que la fecha oficial que está prevista para la imputación de delitos a los acusados es el 10 de diciembre. Además, la Fiscalía imputaría falsedad, por el hecho de que hay pistas sobre contratos falsos de la Ruta del Sol II que no se materializaron y, enriquecimiento ilícito, producto de los recursos para posibles intereses personales que generó el flujo de ese movimiento de dinero.
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Hasta ahora lo que se conoce es el testimonio que entregó San Miguel a funcionarios de la Fiscalía a mediados del 2018. Este empresario es el dueño de una empresa llamada Gistic Soluciones Integrales, que dijo que en el 2014 en el momento definitivo de las elecciones recibió una llamada de David Portilla, otro empresario que había sido su socio, a pedirle que retirara de la cuenta bancaria de Gistic un giro cercano a los $ 4.000 millones para entregárselo a otra persona que recogería el dinero en dos días. En ese momento aparece en la historia Esteban Moreno, quien fue junto a Ángela Garzón, el gerente de la campaña al Congreso del Partido Liberal.
Moreno tuvo un papel relevante en la campaña de reelección de Santos según han dicho varias fuentes a La FM y es el acusado por San Miguel de haber recibido los $ 3.800 millones acompañado de un fuerte esquema de seguridad. El destino de esos recursos no se conoce. No pudieron haber llegado directamente a la campaña del expresidente porque la ley de financiación tiene establecidos límites claros de ingresos y gastos, y los partidos políticos de la coalición que eran La U, Cambio Radical, y el Liberal, no han dado explicaciones. El Partido de La U le pidió recientemente al Consejo Nacional Electoral que archive la investigación por los mismos hechos en ese organismo alegando la caducidad.
Aunque la Fiscalía ha capturado y solicitado medida de aseguramiento en casos como el de la hija de Aida Merlano, que terminó anulado por una jueza y con un duro regaño al ente acusador, en esta investigación no hay ninguna captura y los tres empresarios continúan tranquilos en libertad esperando que llegue la imputación luego de haber sido reprogramada hasta diciembre.
Por algún hecho eventual la Fiscalía aún podría establecer una nueva fecha para la audiencia, y los delitos que serán imputados, aunque podrían cambiar, dejan ver que no habrá una acusación penal sobre en el marco de hechos electorales, sino sobre conductas personales de los tres empresarios.
De otro lado, en el Consejo Nacional Electoral hay una controversia política para llenar la silla que dejó el exmagistrado Heriberto Sanabria con su muerte repentina. Hollman Ibáñez, el candidato apoyado por el Gobierno del partido Colombia Justa y Libres trató de posesionarse ante una notaría argumentando que era el siguiente en la lista, y Antonio Nieto, cercano a Santos, también quiere quedarse con el cargo. En el fondo hay una batalla por quién se queda con las mayorías. Aunque hay un triunvarato para la investigación de la reelección, las decisiones se toman en sala plena y dependiendo de qué sector tenga los votos, avanzará o no la investigación.
Mientras eso se resuelve, hay 200 solicitudes de revocatorias de candidaturas para las elecciones de octubre, que no han sido definidas por que el CNE ha suspendido las salas debido al debate sobre quién debe remplazar a Sanabria. La Misión de Observación Electoral ha dicho que se trata de un riesgo electoral sin precedentes y pide respuestas urgentes al Congreso.
