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Un juez de la República emitió una condena de 21 años y ocho meses de cárcel contra dos abogados, por estar implicados en el escándalo de corrupción del denominado 'carrusel' de pensiones del magisterio, en hechos ocurridos principalmente en el departamento de Córdoba.
La investigación fue liderada por parte de la Dirección Especializada de la Fiscalía General de la Nación contra la Corrupción.
Los fiscales del caso establecieron que los abogados Heliodoro Alfredo Agámez Pineda y su hijo Alfredo José Agámez Vanegas participaron en el reconocimiento ilegal de 198 ajustes pensionales.
De acuerdo con los peritos técnicos de investigación, estas actuaciones irregulares generaron un detrimento patrimonial de 20.991 millones de pesos al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio del Ministerio de Educación Nacional y a la Fiduciaria La Previsora.
Así mismo, los investigadores de la Fiscalía establecieron que de este entramado criminal hicieron parte docentes que prestaron sus servicios en la Secretaría de Educación de Córdoba, abogados, jueces y funcionarios.
"Entre 2010 y 2011, los sentenciados acudieron a un juez de Planeta Rica (Córdoba) para que fallara a favor de sus representados y ordenara el pago de 64.925 millones de pesos en pensiones", indicó la Fiscalía.
También se estableció que para garantizar el desembolso de los recursos, las decisiones judiciales dispusieron el embargo de las cuentas corrientes de la Fiduprevisora y el Ministerio de Educación Nacional, una actuación contraria a la ley.
Los elementos de prueba recolectados por los investigadores demostraron que los dos abogados hallados culpables en este proceso penal respaldaron las peticiones de los profesores en retiro con poderes, firmas, resoluciones, certificaciones laborales y más 6.500 documentos falsos.
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En ese sentido, se estableció que Heliodoro Alfredo Agámez Pineda y su hijo fueron hallados culpables de los delitos de peculado por apropiación agravado y tentativa de peculado por apropiación agravado.
En la misma sentencia, los dos abogados fueron condenados a pagar una multa de 20.991 millones de pesos y se ordenó que cumplan la pena en un centro carcelario.
