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El director encargado de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), Luis Eduardo Llinás Chica, respondió a la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia que ordenó su arresto por cinco días, junto con el de otros directivos de la entidad.
La decisión judicial está sustentada, según la información, por el presunto desacato de fallos judiciales relacionados con el nombramiento de aspirantes en listas de elegibles.
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Según Llinás, los fallos que obligan a la entidad a efectuar nombramientos masivos en un plazo de 48 horas son de “imposible cumplimiento” y pueden generar efectos adversos para el funcionamiento de la administración tributaria.
“Imposibilidad material y jurídica”
El funcionario aseguró que la DIAN ha cumplido con el principio de mérito como criterio de acceso a la función pública, pero señaló que las órdenes recientes exceden las competencias de la entidad.
“Estas decisiones desconocen la planeación institucional, al obligar a nombrar personas que ocupan los últimos lugares de las listas, usar vacantes previstas en concursos futuros y afectar la distribución que, por ley, es competencia del Director General de la Dian”, afirmó.
Agregó que el cumplimiento de las órdenes en los términos impuestos implicaría “desvincular a 395 funcionarios provisionales, abrir la puerta a demandas millonarias contra el Estado y poner en riesgo la continuidad de los procesos misionales de recaudo y fiscalización”.
Riesgo para la institucionalidad
Llinás también cuestionó la extensión de las decisiones judiciales a personas que no hicieron parte de los concursos de méritos.
“Algunos jueces han extendido sus decisiones a personas que no hicieron parte del proceso, algo que solo puede hacer la Corte Constitucional. Estas actuaciones impiden que la DIAN administre su propio talento humano y pueden obstaculizar el cumplimiento de su misión técnica”, indicó.
El director encargado de la entidad sostuvo que las órdenes judiciales de este tipo “desconocen el régimen especial de carrera de la Dian y ponen en riesgo la planeación institucional y la sostenibilidad fiscal del país”.
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La Dian informó que elevó consultas a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado sobre la imposibilidad de ejecutar los nombramientos y pidió la intervención de otras entidades.
“Hacemos un llamado a la Comisión Nacional del Servicio Civil para que actúe como garante del proceso de provisión de empleos conforme a la ley y al mérito”, señaló Llinás, quien también pidió al Consejo Superior de la Judicatura capacitar a los jueces en la estructura administrativa y normativa de la entidad.
La orden de arresto fue emitida el 19 de agosto y enviada a la Policía Metropolitana de Bogotá, aunque hasta la mañana del 21 de agosto no se había hecho efectiva. El caso continúa en trámite judicial de segunda instancia.
