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En cumplimiento a la estrategia contra el hurto de celulares, la DIJÍN desmanteló una red dedicada a la receptación y manipulación de equipos terminales móviles, cuya zona de injerencia se enmarca en las ciudades de Bogotá, Cali, Barraquilla y Valledupar.
Seis integrantes de la organización fueron capturados por funcionarios adscritos al Grupo Investigativo Contra Atracos de la DIJÍN.
Dentro de su actuar la estructura adquiría los celulares que eran hurtados en diferentes partes del país, mediante las modalidades de atraco, raponazo y cosquilleo; posteriormente, eran entregados a expertos en informática, quienes manipulaban ilegalmente la información del IMEI, vulnerando los protocolos de activación o desactivación de los celulares reportados.
Para ello utilizaban como centros de acopio de teléfonos celulares hurtados sus residencias y ocasionalmente algunos locales comerciales en la zona centro de la ciudad de Cali.
En el contexto del modus operandi de los integrantes de la cadena delictiva, se identificaron los roles de cada uno de los participantes así: el primer eslabón es el victimario, responsable de los hurtos en sus distintas modalidades, quien actúa en grupos de tres a cinco personas e involucran mujeres en su accionar delictivo para evitar levantar sospechas.
En segundo lugar se encuentra el receptador, encargado de la compra y venta de los celulares hurtados, con pleno conocimiento del ilícito; su ganancia depende del número de celulares que logra comercializar; por lo general, los celulares son hurtados y entregados por los delincuentes quienes borran los stickers de seguridad y “resetean” el celular para adulterar el sistema físico y cambiar la identidad del teléfono móvil con el fin de evadir la acción de las autoridades. Igualmente, para evadir los controles establecidos por el Ministerio de la Información y Telecomunicaciones, los receptadores emplean en la cadena delictiva a dos actores más: el liberador y el tarjetero.
El liberador es el encargado de abrir las bandas del celular o adulterar el IMEI, “replaquetear” y cambiar las carcasas, este proceso de “lavado del celular” requiere de un conocimiento técnico para realizarlo, así como software para tal fin; los “liberadores” disponen de lugares en sitios residenciales en donde el receptador lleva los elementos y paga un precio por cada “celular liberado” o adulterado en sus sistemas físicos y operativos. Igualmente, valiéndose de contactos proceden por vía telefónica a realizar nuevos reportes de hurtos o extravíos para posteriormente, generar la liberación de los IMEI reportados, una vez han sido clonados en teléfonos de procedencia asiática.
El tarjetero es el encargado de cambiar la tarjeta (circuito electrónico) de los celulares que no pueden ser liberados, principalmente nuevas tecnologías, este sujeto da el carácter internacional al delito, ya que dadas las medidas de seguridad que tienen los celulares de alta gama y de las empresas de telefonía celular, estos no se pueden activar de nuevo en el país, por tal razón, estas tarjetas son trasportadas a otros países de la región para que puedan ser reutilizados.
El último eslabón está definido en el mercado informal que encierra el fenómeno delictivo de la economía ilícita de la venta de celulares hurtados, cadena criminal que va desde el delincuente que materializa el hurto a la persona, los compradores y distribuidores de los equipos receptados y el ciudadano que robustece esta economía ilícita a través de la compra de equipos de segunda, participando indirectamente en la cadena criminal; esto indica la existencia de un mercado que se reproduce a partir de la actitud irresponsable de ciudadanos que compran móviles de segunda, que en la mayoría de los casos proceden del hurto.
