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Luego de la expulsión de un grupo de 63 militares por parte de comunidades campesinas del sector de La Hacienda, en límites de los municipios de Argelia y El Tambo, en el occidente del Cauca, se conoció el constreñimiento al que las disidencias de "Iván Mordisco", a través del frente Carlos Patiño, sometieron a los habitantes de esta región para obligarlos a presionar la salida del Ejército Nacional.
Desde el jueves, según denunció un campesino de la zona, ese grupo armado ilegal obligó a los habitantes a reunirse en La Hacienda, donde permanecieron hasta el domingo en la tarde. Durante ese periodo afrontaron dificultades para acceder a alimentación por la falta de víveres y para dormir, pues la mayoría tuvo que hacerlo en el suelo. Incluso denunciaron que los armados los amenazaron si intentaban regresar a sus casas.
La Cooperativa Ecomún Multiactiva Agroforestal Santa Clara denunció la grave situación humanitaria que se registra desde el 26 de noviembre. Desde entonces, la población civil ha sido obligada por el grupo armado Carlos Patiño a movilizarse hacia el sector de El Filo para presionar la salida de la Fuerza Pública. Durante este tiempo, las comunidades han sido retenidas en contra de su voluntad, recibiendo alimentos insuficientes y siendo obligadas a caminar largas distancias, incluso bajo la lluvia y en horas de la noche, según el comunicado.
Asimismo, la organización reportó que el grupo armado ha impuesto el cierre forzoso del comercio local tanto en la vereda La Hacienda como en el casco urbano del corregimiento El Plateado, afectando la economía de cientos de familias que dependen del intercambio de productos agrícolas.
Los niños se han visto obligados a tomar clases virtuales, por lo que desde esa zona se ha hecho un llamado urgente a los actores armados para que respeten y no involucren a la población civil en las dinámicas del conflicto.
Fuentes locales también reportaron que líderes comunitarios han solicitado la presencia de organismos de verificación humanitaria para documentar los hechos, garantizar la protección de los habitantes y evitar que se repitan acciones de coacción colectiva. Organizaciones sociales sostienen que la situación en el cañón del Micay se ha deteriorado en los últimos meses por la disputa territorial de grupos ilegales que buscan controlar corredores estratégicos.
Por su parte, autoridades nacionales señalaron que se evalúan medidas de seguridad adicionales para retomar el control institucional en la zona y brindar acompañamiento a las comunidades afectadas. El Ministerio de Defensa aseguró que no renunciará a su presencia en la región, mientras que organismos de derechos humanos pidieron priorizar acciones humanitarias y evitar una escalada que ponga en mayor riesgo a la población civil.
