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Ante el despacho de la fiscal general, Luz Adriana Camargo, y la Unidad de Fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, fue radica una denuncia con el fin de se adelanten actos urgentes de investigación para que se investigue la presunta responsabilidad del ministro del Interior, Armando Benedetti y la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Lizeth Rodríguez Fajardo, por el delito de tráfico de influencias.
En la denuncia se señala que son urgentes los actos de investigación no sólo por el riesgo de continuidad de una posible actividad delictiva, sino porque la noticia criminal proviene nada menos que de la saliente ministra de Justicia.
“Ello, no sólo por lo que representa institucionalmente, sino porque su condición personal y reconocida probidad obliga a una indagación célere, eficiente y eficaz”, se indica en la denuncia.
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De acuerdo con esta acción judicial en la carta de renuncia, la saliente ministra de justicia denunció haber recibido presiones indebidas para realizar nombramientos dentro del Ministerio, presiones que no respondían a criterios técnicos ni administrativos, sino a intereses personales o políticos.
“De manera concreta, la exministra señaló como responsables de esas presiones indebidas 3 al ministro del Interior, Armando Benedetti, y a la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez4 . Según su relato, ambos funcionarios ejercieron influencias presuntamente contrarias a la ley para incidir en la designación de personal en el Ministerio de Justicia, especialmente la remoción del entonces director de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, Uspec, Ludwig Valero. Incluso de presiones para “mover presos” lo que nos pone en las lógicas de corrupción más ramplonas posibles”, se lee en la denuncia elevada ante la Fiscalía.
De acuerdo con la denunciante, estos hechos podrían constituir el delito de tráfico de influencias, tipificado en el artículo 411 del Código Penal, al haberse utilizado el poder derivado del cargo público para incidir de manera indebida en decisiones administrativas dentro del Ministerio de Justicia.
“Solicito que esta denuncia sea sometida al procedimiento de actos urgentes de investigación con el objeto de que asegure la información como quiera que la ministra estará en funciones hasta el 1 de junio de 2025. Adicionalmente, existen antecedentes, según fuentes abiertas, de presuntas injerencias indebidas por parte de Armando Benedetti en las investigaciones que se adelantan en su contra”, agrega la denunciante.
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En la denuncia también se solicita bajo la modalidad de actos urgentes se solicite la declaración inmediata de la actual ministra de Justicia Angela María Buitrago, con el objeto de que aporte el conocimiento detallado que tenga sobre los hechos mencionados, “incorpore toda la documentación que posee sobre los mismos y que corroboran sus afirmaciones, el informe que fue entregado en marzo de este año sobre el particular, y los registros de comunicaciones, llamadas y mensajes provenientes de Armando Benedetti”.
