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La Defensoría del Pueblo lanzó una fuerte advertencia por los ataques contra la magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz, Julieta Lemaitre Ripoll.
Según la entidad denuncia una campaña de desprestigio, desinformación y violencia de género que, según advierte, busca desacreditar a la funcionaria y poner en riesgo la independencia de la justicia.
El llamado va dirigido especialmente a la senadora María Clara Posada y al senador Germán Rodríguez, a quienes les pide rectificar afirmaciones que considera falsas o sin sustento. Pero, más allá de esta controversia, la Defensoría también puso sobre la mesa los resultados de la JEP, sus principales avances y los retos que siguen pendientes para garantizar los derechos de las víctimas.
La denuncia por los ataques contra la magistrada
Según el pronunciamiento de la Defensoría, durante las últimas semanas se han difundido fragmentos descontextualizados de diligencias judiciales para insinuar una supuesta cercanía o complicidad de la magistrada Julieta Lemaitre con antiguos integrantes de las extintas FARC-EP.
La entidad cuestiona especialmente expresiones como “anda de amores con Timochenko”, que, en su opinión, trasladan la discusión del terreno jurídico a los ataques personales y recurren a estereotipos de género para desacreditar a una mujer que ejerce una función judicial.
Frente a eso, la Defensoría sostiene que no se puede evaluar el trabajo de una magistrada a partir de fragmentos aislados de una audiencia, omitiendo el conjunto de las investigaciones, las imputaciones y las decisiones judiciales.
En ese sentido, la Defensoría presenta un dato para respaldar su posición: de acuerdo con la JEP, el despacho de Lemaitre ha emitido nueve autos de imputación contra 74 comandantes de las extintas FARC-EP por crímenes de guerra y de lesa humanidad, entre ellos secuestro, asesinato, tortura, violencia sexual y desaparición forzada.
Sumado a eso, las investigaciones que dirigió en el Caso 01 contribuyeron a que el Tribunal para la Paz condenara a integrantes del antiguo Secretariado de esa guerrilla por secuestros y otros crímenes cometidos durante el cautiverio.
La violencia digital también tiene consecuencias reales
La Defensoría advierte que las expresiones que buscan desacreditar a una funcionaria por supuestas relaciones sentimentales no constituyen una crítica jurídica, sino una forma de descalificación sexista que cuestiona su capacidad, independencia y autoridad profesional.
También alerta sobre el impacto de estos mensajes en las redes sociales. Según la entidad, la violencia digital no se queda en internet, puede afectar la vida, el trabajo y la salud de quienes la padecen e incluso convertirse en la antesala de agresiones físicas.
Por eso, recuerda que los congresistas tienen derecho a cuestionar las decisiones judiciales, evaluar el desempeño de las instituciones y proponer reformas. Sin embargo, insiste en que ese derecho debe ejercerse con responsabilidad, sin presentar acusaciones sin sustento como hechos demostrados ni utilizar expresiones discriminatorias.
La solicitud es concreta: que María Clara Posada y Germán Rodríguez rectifiquen las afirmaciones que la entidad considera falsas o carentes de sustento y eviten reproducir contenidos descontextualizados.
Los resultados y los retos pendientes de la JEP
Pero la Defensoría también plantea que la discusión sobre la Jurisdicción Especial para la Paz debe ir más allá de esta controversia. A diez años de la firma del Acuerdo Final de Paz, considera necesario evaluar los resultados, las dificultades y las reformas que puedan fortalecer la justicia para las víctimas.
Las cifras presentadas por la entidad muestran la dimensión de esa tarea. La JEP adelanta once macrocasos y ha iniciado la ruta adversarial en 30 casos de personas que no reconocieron responsabilidad.
También ha realizado 432 imputaciones que involucran a 367 máximos responsables de las extintas FARC-EP, integrantes de la Fuerza Pública y algunos terceros civiles. Además, ha resuelto la situación jurídica de más de mil personas que no son máximos responsables.
Según el informe entregado por la Defensoría, en septiembre de 2026, sus procesos registraban 15.753 víctimas individuales y 439 víctimas colectivas acreditadas.
Sumado a ese dato, se señaló que la JEP ha emitido cinco sentencias de condena, tanto en la ruta restaurativa como en la adversarial, relacionadas con crímenes de especial gravedad, como los secuestros cometidos por las extintas FARC-EP y las ejecuciones extrajudiciales atribuidas a miembros de la Fuerza Pública.
Sus decisiones también han permitido establecer que más de 21.000 personas fueron víctimas de secuestro; que 18.677 niñas y niños fueron reclutados por las extintas FARC-EP; que 35.178 personas sufrieron violencia sexual y basada en género, y que 7.837 personas fueron asesinadas y desaparecidas por integrantes de la Fuerza Pública para presentarlas ilegítimamente como bajas en combate. A esto se suma la entrega digna de 217 cuerpos de víctimas de desaparición forzada a sus familias.
Reparación y sanciones, las tareas por resolver
La Defensoría reconoce que la JEP no es infalible y que sus actuaciones pueden cuestionarse mediante los mecanismos judiciales establecidos. Por eso, aclara que defender la independencia de la justicia no significa impedir las críticas ni cerrar la puerta a las reformas.
De hecho, plantea tres asuntos prioritarios: imponer sanciones efectivas y restaurativas, mejorar la duración y eficacia de los procedimientos y fortalecer la reparación de las víctimas.
Sobre este último punto, la entidad advierte que solo el 19 por ciento de las víctimas registradas han sido indemnizadas y que apenas el 4,6 por ciento de los sujetos colectivos reconocidos han terminado sus planes de reparación.
El mensaje final de la Defensoría es que el país puede debatir los resultados de la JEP y discutir cómo mejorarla, pero ese debate debe apoyarse en información completa y verificable, no en ataques personales ni en expresiones de violencia de género.
La independencia judicial, concluye la entidad, no es un privilegio de los magistrados: es una garantía para toda la ciudadanía y, especialmente, para las víctimas que esperan verdad, justicia y reparación.
Cuatro preguntas con las claves de la noticia
¿Por qué intervino la Defensoría del Pueblo?
Porque denuncia una campaña de desprestigio y desinformación contra la magistrada Julieta Lemaitre, con expresiones que considera ataques personales y violencia de género.
¿A quiénes les pide rectificar?
A la senadora María Clara Posada y al senador Germán Rodríguez, por afirmaciones que la entidad considera falsas o carentes de sustento.
¿Qué resultados de la JEP destaca la Defensoría?
Entre otros, once macrocasos en curso, 432 imputaciones que involucran a 367 máximos responsables y cinco sentencias de condena relacionadas con crímenes graves.
¿Cuáles son los principales retos pendientes?
Imponer sanciones efectivas y restaurativas, agilizar los procedimientos y fortalecer la reparación. La Defensoría señala que solo el 19 por ciento de las víctimas registradas han sido indemnizadas.
