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La Procuraduría demandó ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca la resolución del Ministerio de Salud que flexibiliza la contratación de los hospitales de la red pública del país.
El objetivo de la demanda es buscar “la reglamentación de las Empresas Sociales del Estado” (ESE) y evitar abusos de la contratación a dedo o con un solo proponente que podría poner en riesgo la prestación del servicio de la salud a los usuarios y los recursos.
La preocupación de la Procuraduría se desprende de las millonarias sumas de dinero que ese sector mueve, “los 933 hospitales de la red pública del país, que al corte del primer semestre de 2019 tuvieron ingresos del orden de los 6.5 billones de pesos y gastos por 9 billones, dejando un déficit de cerca $ 2.5 billones de pesos”.
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Sumado a ello, en 23 visitas que hizo la Procuraduría a diferentes instituciones de salud se evidenciaron irregularidades con temas como: “defraudación de recursos públicos y afectación al derecho a la salud, con sobrecostos que en el caso de medicamentos alcanzan el 3.000 %, y que al comparar la contratación resulta no razonable la diferencia de precios”, dijo el viceprocurador Juan Carlos Cortes.
Lo anterior prendió las alarmas en la Procuraduría y a través de la acción popular, “estamos pidiendo al Gobierno nacional y al Ministerio de Salud que procedan a derogar la resolución y expidan la reglamentación que incorpore los principios de la contratación pública”.
El objetivo de la Procuraduría es garantizar la selección objetiva, la transparencia y la escogencia de los mejores proponentes en condiciones de equilibrio, “para evitar la contratación a dedo y el descalabro de las ESE”.
