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El reclutamiento de exmilitares colombianos para que se sumen, como mercenarios, a guerras en países como Sudán, Haití, Afganistán, Rusia y Ucrania, sigue en aumento, según el reporte de las autoridades internacionales.
Las investigaciones han dejado en evidencia la existencia de falsas empresas de seguridad y de otros servicios que engañan a los militares y les ofrecen millonarios sueldos. La oferta es tan tentadora, que cientos de exmilitares aceptan, pero la mayoría muere en combate.
"En muchas partes de la capital o pueblos cercanos, por ejemplo, en Facatativá, hay un incorporador que está llevando gente para la unidad supuestamente de Fuerzas Especiales de Ucrania, con la mentira de que les van a pagar $12 millones, y que estando en zona roja, les va a llegar un bono de entre 12 a $15 millones, que nunca recibimos", narró uno de estos exmilitares en diálogo con LA FM.
Pero no fue el único en caer en el engaño. "Aproximadamente viajamos 120 personas. De esas 120 personas, en este momento no quedan ni 10 personas activas por lo mismo, hubo muchos muertos, muchos heridos y personas que perdieron las piernas, las extremidades".
Los ataques son letales y muchos de ellos se presentan cuando los colombianos apenas están en fase de entrenamiento, por lo que prácticamente se convierten en "carne de cañón".
"Hubo un ataque a la base donde estábamos más de 300 soldados, cuando cayó un misil. Antes de que cayera el misil, eso suelta unas metrallas, unas esquirlas, y eso dejó muchos heridos. Muchos de mis compañeros perdieron la vida al instante y los otros salimos gravemente heridos. Ese día murieron cuatro compañeros que llegaron conmigo desde Colombia", dijo el exmilitar.
Las súplicas de las familias
Familiares de varios soldados retirados colombianos desparecidos hace varios meses, temen que sus seres queridos hayan muerto en medio de la guerra.
En zonas de combate como Jersón, donde, según el Instituto para el Estudio de la Guerra, Rusia logró tomar en 2025 un total de casi el 75% del óblast, muchos de los colombianos son enviados como carnada para resistir ante el avance ruso.
La esposa de un expolicía de Cali cuenta cómo le llegó la noticias de la muerte de su pareja, tras la explosión de un dron.
"Lamentablemente, mi esposo después de eso [el ataque], duró 14 días más, o sea, hace 64 días hospitalizado y perdió la vida porque no lo quisieron sacar. Cuando lo tenían que sacar, solo sacaron a un ucraniano y a él lo dejaron ahí", relató.
Los reportes de la muerte de los colombianos llegan sin un canal claro de información. La familia es notificada por algún excompañero de combate, o un sargento a cargo del pelotón.
"Yo llegué donde está la persona encargada, la que recibe las denuncias y todo, pero realmente nosotros somos burlados. Allá, incluso, ni nos quieren a nosotros. Pagamos todo con recursos propios, entre 15 y 17 millones de pesos se gasta uno entre traducción de documentos, tiquetes y alimentación", agregó la mujer.
La muerte como negocio
La muerte de los exmilitares colombianos también representa un millonario negocio para los reclutadores, quienes prefieren reportarlos como desaparecidos, para que sus familia no puedan cobrar la póliza de muerte que estipula el contrato. Sus cuerpos terminan descomponiéndose en fosas comunes.
"Si usted muere allá, allá se queda y ahí lo legalizan para no pagar la plata a las a las familias, borran contactos, borran todo el archivo de esas personas. Uno encuentra muchos muertos en el frente sin recoger, que llevan 15 o 20 días en descomposición", dijo otro mercenario a LA FM.
Ante la crisis, muchos intentan escapar, pero salir de los países en guerra es casi misión imposible.
"No lo dejan salir a uno de Ucrania. Para salir es un problema y uno llega a todas esas fronteras y lo que hacen es que lo devuelven. En el caso mío, yo estuve preso con tres compañeros más. Nos habían retenido, nos llevaron engañados porque dijeron, 'los vamos a ayudar a pasar mañana en la mañana. Mientras tanto, hoy lo vamos a llevar a un hotel'. Cuando nos llevan al supuesto hotel, nos meten a una cárcel".
La lupa de Estados Unidos sobre los mercenarios colombianos
El 7 de diciembre de 2025, un tribunal de Rusia en la región ucraniana de Donetsk, condenó a dos ciudadanos colombianos a 13 años de prisión, acusados de luchar en nombre de Kiev. La situación de Alexander, de 47 años, y José Aaron, de 37, esboza un problema mucho más profundo.
En los casi cuatro años de la invasión rusa en Ucrania, se estima que hay entre 5.000 y 6.000 mercenarios colombianos. La tasa de mortalidad podría oscilar entre 400 y 600. Los desaparecidos podrían superar los 1.000.
El pasado mes de diciembre, la Oficina de Control de Activos del Departamento del Tesoro incluyó a cuatro ciudadanos y tres empresas colombianas en la Lista Clinton, por formar parte de una red dedicada al reclutamiento de exsoldados colombianos y niños para actuar como mercenarios en Sudán, e integrarse a las Fuerzas de Apoyo Rápido.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros explicó que “desde septiembre del año 2024, cientos de exmilitares colombianos viajaron a Sudán para luchar junto a las Fuerzas de Apoyo Rápido, proporcionando experiencia táctica y técnica como infantes, artilleros y pilotos de drones".
Estados Unidos advirtió que “los combatientes colombianos han participado en varias batallas en Sudán, y su presencia allí no sería posible sin la asistencia de varias personas y empresas, principalmente de Colombia”.
Entre los colombianos incluidos en la lista Clinton figuran Mateo Andrés Duque Botero, Mónica Muñoz Ucrós, Claudia Viviana Oliveros Forero y Álvaro Andrés Quijano Becerra.
Este último vive en Emiratos Arabes Unidos y opera a través de la empresa colombiana International Service Agency, (agencia de servicios internacionales), con sede en Bogotá y también sancionada por el Departamento del Tesoro.
Esa compañía funciona como plataforma para reclutar personas en Colombia, y así enviar mercenarios para apoyar a las Fuerzas de Apoyo Rápido en Sudán.
Las autoridades norteamericanas indicaron además que otra compañía, la agencia de empleo Maine Global Corporation, que está en la ciudad de Bogotá, administra y desembolsa fondos para la empresa Global Staffing en Panamá, que firma los contratos y recibe fondos en nombre de la agencia de servicios internacionales, “gestionando los pagos de nómina de los combatientes colombianos.
Hay una cuarta compañía llamada Comercializadora San Benito con sede también en Bogotá. De acuerdo a las autoridades , realizó transferencias bancarias con una empresa estadounidense asociada con el director de Maine Global Corporation, Mateo Andrés Duque.
El Gobierno colombiano, al tanto de la situación, señaló que pedirá información precisa de los colombianos que están peleando esas guerras, a la vez que impulsa un 'Proyecto sobre Mercenarios', el cual ya fue aprobado en último debate en el Congreso.
