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El denominado ‘Grupo de los 38’ juristas afirmó que no hay justificación para la decisión de la jueza Sandra Heredia de ordenar la detención inmediata del expresidente Álvaro Uribe Vélez, tras emitir la condena de 12 años de prisión domiciliaria en su contra.
El documento, de cuatro páginas, expone argumentos de los expertos en derecho, quienes manifiestan su preocupación por la medida adoptada en primera instancia, pues se habría desconocido que la sentencia aún no está en firme, lo que constituiría una contravención a los estándares internacionales y a la Constitución.
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“La privación de la libertad personal, antes de la ejecutoria de la sentencia, es una medida de carácter excepcional que, conforme al ordenamiento jurídico, solo debe adoptarse cuando se persigue un fin legítimo”, se evidencia en el comunicado.
En uno de los apartados, los 38 firmantes reiteran que la privación de la libertad únicamente debe aplicarse para evitar una posible fuga, prevenir interferencias en la administración de justicia o garantizar la comparecencia al proceso; situaciones que, según ellos, no se configuran en el caso del exmandatario.
Advirtieron que “según la propia jurisprudencia de la Corte Constitucional, la detención preventiva debe ser una medida excepcional que solo se justifique cuando no sea posible aplicar otras alternativas menos gravosas, y debe contar con una motivación sólida que acredite su necesidad”.
Bajo esta premisa, los juristas sostienen que en el presente caso no existirían fundamentos para evidenciar un presunto riesgo de fuga, señalando que el expresidente siempre ha acudido a las audiencias en las que ha sido citado.
La misiva también cuestiona que se haya argumentado una supuesta dilación por parte de la defensa de Álvaro Uribe para justificar la medida: “El ejercicio pleno del derecho de defensa es una garantía procesal que no puede ser interpretada como una estrategia dilatoria que justifique la detención preventiva”.
Además, el grupo señala que “la medida de privación de la libertad de este caso refleja una clara vulneración del principio de igualdad ante la ley. En procesos similares, y conforme a la práctica judicial en Colombia, los acusados tienen la posibilidad de defenderse en libertad”. También advierten sobre un posible sesgo político que podría comprometer la imparcialidad de la decisión judicial.
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“Ejerciendo el derecho a la libertad de expresión consagrado por la Constitución, hacemos un respetuoso, pero firme y urgente llamado a las instancias superiores del poder judicial para que revisen esta decisión y tomen las medidas necesarias para restablecer los derechos fundamentales vulnerados en este proceso”, afirmaron los integrantes del ‘Grupo de los 38’, entre quienes figuran Germán Calderón España, Abdón Espinoza, Said Idrobo Gómez, Ángela María Orozco y Jaime Andrés Úsuga.
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