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El magistrado José Fernando Reyes, expresidente de la Corte Constitucional, admitió una demanda en contra de la 'Zona de Paz, Unión y Desarrollo Binacional', o Zona Binacional, que los Gobierno de Colombia y Venezuela acordaron desde julio. La decisión implica que el alto tribunal estudie el memorando de entendimiento con el que los países definieron las reglas del área.
La Corte ha recibido tres demandas en contra del memorando que suscribieron las ministras de Comercio Diana Morales, de Colombia, y Coromoto Godoy, de Venezuela, el 17 de julio de este año. Dos de las acciones constitucionales ahora tienen vía libre para ser discutidas, primero ante el despacho de Reyes y luego ante la Sala Plena de la corporación.
Se trata de las demandas de David Gómez Zamora y Fabio Piraquive, quienes el 31 de julio y el primero de agosto le pidieron al alto tribunal tumbar el memorando. La Corte agrupó los recursos en un solo expediente y ahora se prepara para examinar varias pruebas que permitan emitir una decisión de fondo. El Ministerio de Comercio y el de Defensa tienen diez días para pronunciarse.
"En el ordenamiento jurídico no existe disposición alguna que esté exenta de control judicial, y ante la duda es natural que se prefiera aquella interpretación que permita la guarda de la integridad y supremacía de la Carta", dice el auto firmado por Reyes, que decretó pruebas para "obtener los elementos de juicio indispensables para evaluar la constitucionalidad del memorándum".
Gómez argumentó que el gobierno de Gustavo Petro debió discutir primero con el Congreso acerca de la Zona Binacional, pues al Legislativo le corresponde "aprobar o improbar los tratados que el Ejecutivo suscriba". Para Zamora y para Alejandro Quintero Navarro —el estudiante de Derecho con el que presentó el escrito—, el acuerdo en la práctica es un tratado, no un memorando.
"El memorando suscrito con el régimen de Nicolás Maduro contiene cláusulas de cooperación binacional en materia de desarrollo, seguridad, infraestructura, comercio e integración territorial, lo que le otorga naturaleza de tratado internacional", asegura el texto, que añade que aprobar el convenio vulnera "el principio de separación de poderes y el control democrático de la política exterior".
La Zona Binacional incluye a los estados venezolanos de Táchira y Zulia y al departamento colombiano de Norte de Santander, aunque según el propio memorando "el área específica de la Zona de Paz, Unión y Desarrollo Binacional aún está por definirse". El acuerdo "no limita ni condiciona las decisiones soberanas que cada país adopte" respecto al ordenamiento territorial.
Las seis páginas del memorando hablan de "cooperación institucional", intercambio de información, reuniones periódicas para "promover el comercio justo y equilibrado" y fortalecimiento de "los lazos históricos de cooperación entre ambos países". A lo largo de ellas se repasa de forma escueta la posibilidad de "establecer un marco de cooperación" sin enmarcar tareas específicas.
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Para los demandantes, no obstante, se trata de una "cooperación directa con un régimen acusado por la ONU, la Corte Penal Internacional y la propia CIDH de cometer crímenes de lesa humanidad", así que el alto tribunal debería impedirlo. La demanda de Fabio Piraquive acusa al Gobierno de incurrir en "una omisión legislativa relativa" por no haber consultado con el Congreso.
El magistrado Reyes apuntó que, tras la admisión de las demandas, si Piraquive se afinca en el cargo de "omisión legislativa", "deberá desarrollar los elementos establecidos por la jurisprudencia constitucional para ese tipo de acusaciones". Es decir, tendrá que argumentar detalladamente por qué el Gobierno debió acudir al Congreso o su acción constitucional será desestimada.
La Presidencia de la República, el propio Congreso y los ministerios de Defensa, Comercio y Hacienda podrán intervenir, con un plazo de diez días, para "argumentar las razones que en su criterio justifican la constitucionalidad o inconstitucionalidad del memorándum demandado", según el auto que la Corte les envió a los demandantes este martes.
Además, el Gobierno deberá remitir documentos oficiales que expliquen los pormenores del memorando, los posibles compromisos que el Estado asumiría y las obligaciones que se contemplan en el futuro con la Zona Binacional. El punto central de la discusión estará en el alcance jurídico y financiero del acuerdo, y en si se trata de una decisión que debía enlazar al Ejecutivo y el Legislativo.
Una tercera demanda contra la Zona Binacional sigue en suspenso. La senadora Paola Holguín, precandidata presidencial del Centro Democrático, radicó el 21 de agosto una acción constitucional que también aspira a la inexequibilidad del memorando argumentando un "riesgo" para "la soberanía y la integridad territorial". El mecanismo aún no tiene un magistrado asignado.
