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La defensa de la exconsejera presidencial para la regiones Sandra Ortiz acusada como pieza clave en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo solicitó a una juez de Bogotá que precluya el proceso que se adelanta en su contra por los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos.
La petición fue realizada por el abogado Mauricio Camacho quien aseguró que la ex funcionaria del Gobierno del presidente Gustavo Petro no cometió los delitos que le formuló la Fiscalía y argumentó que fue vinculada a este caso con hechos en los que ella no tuvo nada que ver.
Está solicitud fue realizada ante la juez octava Penal Especializada de Bogotá al advertir que uno de los contratos que originó la investigación contra Ortiz no existe.
“Se lleva a un ser humano a la inclemencia del derecho penal cuando la defensa conoce que el hecho jurídicamente relevante vertido en la acusación, no existió”, indicó el abogado Camacho.
La defensa indicó que aunque se hizo mención a un millonario contrato que se dice se realizó en el municipio de Repelón (Atlántico), se estableció que corresponde es a Girón (Santander) y ello deja en evidencia la supuesta irregularidad cometida por la Fiscalía durante la sustentación del proceso.
“A un contrato que se dice se llevó, realizó en el municipio de Repelón Atlántico. En la misma acusación se dice que esa solicitud fue reiterada el 19 de octubre. Es decir, esa solicitud al parecer de que en ese tráfico de influencias, Sandra Liliana, al solicitar o requerir una adición, se dice de 11 mil millones de pesos”, manifestó.
También señaló que “el interés que se dice en la acusación tenía el expresidente del Senado Iván Name, era frente a un contrato en el Atlántico, donde se dice que Sandra Ortiz traficó esas influencias y le dijo que adicionara ese contrato en Repelón”.
Enfatizó que tras los hallazgos de la defensa es claro que debe dársele tránsito a una preclusión de la investigación en punto a los tipos penales por los que fue acusada Sandra Ortiz
Por su parte, la Fiscalía pidió desestimar esta petición de la defensa al advertir que ese contrato sólo es una de las aristas dentro de las diferentes pruebas que permiten demostrar los hechos jurídicamente relevantes que incriminan a Sandra Ortiz con este entrando de corrupción.
“La defensa solo se refirió en su argumentación a una arista de la acusación, pero no dijo nada sobre la inexistencia de la reunión del 21 de septiembre de 2023, sobre las palabras que la señora Sandra Ortiz le dirigió a Olmedo de Jesús López Martínez, ni aportó elementos demostrativos algunos en tal sentido”, agregó.
La juez a cargo del caso revisará los argumentos de las partes y el próximo 4 de marzo definirá si precluye este proceso o sin por el contrario, deja en firme la acusación de la Fiscalía.
