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La Fiscalía General de la Nación imputa hoy cargos ante el Tribunal Superior de Bogotá contra los exministros del Interior Luis Fernando Velasco y de Hacienda Ricardo Bonilla, por el escándalo de corrupción de Gestión del Riesgo.
Esta diligencia está siendo coordinada por parte del Grupo de Tareas Especiales que lidera la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño, quien coordina las investigaciones que se siguen por este macro – proceso.
La audiencia fue convocada por reparto por parte de la magistrada de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, Aura Alexandra Rosero Baquero, teniendo en cuenta el fuero especial como exministros, que cobija a los dos altos exfuncionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro.
Son contundentes las pruebas
De acuerdo con los investigadores de la Fiscalía General de la Nación hay suficientes elementos de prueba para sustentar estas imputaciones como presuntos responsables de tres delitos.
La Fiscalía sindica a los exministros Bonilla y Velasco de ser supuestos autores de los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer.
María Alejandra Benavides, la 'testigo estrella'
Está imputación es producto de haberse concretado la negociación del principio de oportunidad con María Alejandra Benavides, exasesora del ministro de Hacienda Ricardo Bonilla y de otra serie de pruebas que fueron recolectadas en el marco de esta investigación.
Según las investigaciones lideradas por parte de la fiscal delegada María Cristina Patiño, María Alejandra Benavides sirvió de enlace entre la cartera del Ministerio de Hacienda y la Unidad de Gestión del Riesgo en el supuesto direccionamiento de tres contratos por 92.000 millones de pesos que pretendían beneficiar a seis congresistas para que apoyaran la ampliación del cupo de endeudamiento del Gobierno Nacional.
En los expedientes judiciales relacionados con las acusaciones contra otros de los implicados la Fiscalía aseguró: “Coordinó con Ricardo Bonilla González, ministro de Hacienda, María Alejandra Benavides, asesora del ministro, y Sneyder Pinilla el direccionamiento de contratos para los municipios de Cotorra, Córdoba; Saravena, Arauca y Carmen de Bolívar, Bolívar, entre los cuales estaban interesados indebidamente los senadores y representantes del Congreso de la República, Wadid Alberto Mansur Inbeb, Karen Astrid Manrique Olarte, Liliana Ester Pitar Castilla, Julián Peinado Ramírez, Juan Diego Muñoz Cabrera y Juan Pablo Gallo Maya”.
En declaración bajo juramento ante la Fiscalía, Benavides hizo mención a un supuesto acuerdo entre Bonilla, el entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y el asesor presidencial Jaime Ramírez Cobo para buscar destrabar la aprobación de créditos internacionales para la nación y así comprar a senadores y representantes a la Cámara.
En esa oportunidad Benavides se mostró conmocionada por haber resultado salpicada en el escándalo de corrupción de la UNGRD y aseguró que se sintió usada por el ministro Bonilla y que fue presionada en reiteradas ocasiones para autorizar un millonario desembolso a la UNGRD.
“Él me usó y usó el hecho de ser el ministro de Hacienda y a él no le importaba el costo que tenía que pagar”, sostuvo Benavides ante una fiscal.
Millonarios recursos que en teoría iban a invertirse en obras para la contención y prevención de inundaciones y la mitigación de la erosión por lluvias.
Según se señala el primero de estos contratos era para Cotorra, Córdoba, por 50.000 millones de pesos; el segundo para El Salado, Bolívar, por 12.356 millones de pesos y el tercero para Saravena, Arauca, por 30.000 millones de pesos.
Magistrada interrogará a exministros
Una vez culmine la sustentación de la formulación de imputación de cargos, la magistrada Rosero Baquero interrogará a los exministros si aceptan o no cargos, quienes según su defensa se mantendrán en su inocencia y no se declaran culpables.
Fiscalía pedirá cárcel
Igualmente, la Fiscalía hizo énfasis que en atención a los hallazgos obtenidos en el marco de estas investigaciones pedirá que se les imponga medida de aseguramiento y se ordene el envio a prisión de los dos exministros del Gobierno del presidente Gustavo Petro.
La Fiscalía sustentará la necesidad de imponer una medidad de aseguramiento en el riesgo que existe de afectación al proceso, la gravedad de los delitos imputados y el posibilidad de no comparecencia hasta la etapa final del caso.
