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La Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría asumió la investigación por las denuncias de presunta corrupción al interior de la Policía Nacional, que desataron una pelea entre generales de la cúpula de la institución.
Fuentes del Ministerio Público señalaron que la comisión especial, liderada por dos delegados de alto nivel, se trasladó a las instalaciones de la Inspección General para recolectar todas las pruebas de las denuncias e investigación que estaba adelantando el inspector general de la institución, el general William René Salamanca.
Esas denuncias se relacionan con un presunto fraude en el reporte de horas de vuelo de un grupo de pilotos, quienes al parecer buscaban ganar primas especiales por experiencia en vuelo y la presunta implicación de un uniformado en la salida de un 'narcojet' con cocaína del Aeropuerto El Dorado de Bogotá.
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De acuerdo con las denuncias reveladas por el diario El Tiempo, algunos uniformados supuestamente han reconocido nexos con mafias sin tener sanciones graves dentro de la institución, e incluso han reconocido que habría un detrimento patrimonial de alrededor de 18 mil millones de pesos en la institución.
Por la gravedad de las denuncias, la Procuraduría decidió aplicar el poder preferente y asumir la investigación para garantizar transparencia en el caso. El Gobierno aún no se ha pronunciado sobre los graves hechos denunciados.
También se conoció que el general Óscar Atehortua, director de la Policía Nacional, decidió revertir la decisión de enviar de vacaciones al general Salamanca encargado de la investigación.
Atehortua había tomado la decisión porque supuestamente no estaba recibiendo informaciones sobre las actuaciones que se estaban realizando en la dependencia donde se investiga disciplinariamente a los uniformados.
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"No estoy recibiendo reportes de la Inspección General y hay comportamientos que para mi tenían que ser revisados con el general William Salamanca", dijo en su momento el general.
Por esta razón, el director citó al inspector en su despacho para cuestionar sus actuaciones al frente de la oficina en la que se adelantan casos en contra de uniformados.
