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La Contraloría General de la República confirmó que Felipe Harman tenía la razón tras su llegada a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), cuando presentó ante la Fiscalía General de la Nación cerca de 14 denuncias por presuntas irregularidades en la compra de tierras durante la administración del anterior director, Gerardo Vega.
En su momento, Harman advirtió que "no me gusta que estemos comprando, por ejemplo, tierra improductiva, que exista trazabilidad de que era improductiva y que, aun así, se materializaran esas compras. Eso ocurrió particularmente con tres predios: uno llamado Cachorros, en Puerto Gaitán, Meta, y otro denominado Santa Fe, en Majahual. En ambos casos, las condiciones evidenciaban que eran predios improductivos y, sin embargo, fueron adquiridos por la agencia".
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Desde su llegada a la entidad en febrero de 2024, Harman Ortiz ordenó la creación de la Mesa de Seguimiento a Casos Críticos, un órgano colegiado encargado de analizar los procesos de adquisición de tierras con atrasos y reclamaciones.
La auditoría de la Contraloría que abarcó los procesos de adquisición desde 2022 hasta abril de 2024, concluyó que la suspensión de algunas compras no fue caprichosa, sino necesaria. "Se evitó una afectación mayor al solicitar el acompañamiento de los entes de control", señaló el informe de la Contraloría.
Uno de los aspectos clave identificados por el equipo de Harman fue la falta de criterios para evaluar la viabilidad agrícola de ciertos predios. "Había terrenos que no cumplían con las condiciones mínimas para ser adquiridos", explicó el director de la ANT.
En ese sentido, la Contraloría destacó que las herramientas de análisis utilizadas en administraciones anteriores presentaban limitaciones, afectando la confiabilidad de los conceptos emitidos.
El caso del predio Cachorros, en Puerto Gaitán (Meta), fue especialmente relevante. Su valor ascendía a 38.675 millones de pesos, pero solo se había pagado el 30%. "Evitar la finalización de esta compra previno un posible detrimento por el 70% restante mientras se esclarecían los hechos", señala el documento de la Contraloría.
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El informe también reveló que la compra de algunos predios se había viabilizado sin cumplir con los requisitos mínimos del Acuerdo 329 de 2014. En respuesta, la ANT elaboró un plan de mejoramiento para corregir los hallazgos señalados. "Hemos diseñado acciones concretas que permitirán corregir las dificultades encontradas y enmarcar nuestras actuaciones con mayor rigor legal", afirmó Harman.
