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El alto tribunal emitió el concepto tras una tutela interpuesta por un campesino quien por años trabajó cultivando cachama de varias especies; sin embargo, cuando en el año 2003 el Gobierno permitía la aspersión, el campesino perdió todo su cultivo cuando los peces murieron por contaminación.
En ese sentido, el Consejo de Estado pidió indemnizar al hombre argumentando que “el empleo del glifosato como medio policivo para erradicar cultivos ilícitos constituye una actividad riesgosa".
Según el alto tribunal, esta actividad "por sí misma, tiene la potencialidad de producir daños ambientales indiscriminados, susceptibles de causar también perjuicios individuales, así como de eventualmente dañar la integridad física de los habitantes del territorio nacional”.
El alto tribunal además llamó la atención en el sentido que las autoridades deben especificar qué zonas inmersas en regiones de conflicto son de agricultura para evitar afectaciones al sector agrícola del país.
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