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La Fiscalía General de la Nación aclaró que no tiene evidencias o elementos materiales probatorios para establecer que magistrados o funcionarios del Consejo de Estado, estén involucrados en el caso de una supuesta exigencia de dinero a cambio de modificar fallos judiciales para beneficiar a particulares.
El organismo hizo referencia al proceso de investigación que adelanta en contra del magistrado del Tribunal de Cundinamarca Carlos Alberto Vargas Bautista, y los particulares, Kelly Andrea Eslava Montes y Aldemaro Vargas González, los cuales fueron imputados en una audiencia que se llevó a cabo en el Tribunal Superior de Bogotá.
En contra de Vargas Bautista, la Fiscalía señaló que es responsable de traficar procesos judiciales para beneficiar a particulares en el proceso del Humedal El Jaboque, el cual está ubicado en cercanías al aeropuerto El Dorado.
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Según indica la Fiscalía, “en desarrollo de las audiencias de solicitud de imposición de medida de aseguramiento en contra del magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, doctor Carlos Alberto Vargas Bautista, y los particulares, Kelly Andrea Eslava Montes y Aldemaro Vargas González, la Fiscalía General de la Nación presentó una llamada del 14 de noviembre de 2017, sostenida entre el señor Jorge Enrique Cortés Rojas, presunto dueño del predio ‘La Providencia’ ubicado en el Humedal El Jaboque, y el señor Fernando Trebilcock".
Sostiene además que "en la comunicación, este último señaló que el fallo no se profería porque “hubo una petición de tres mil”.
Agrega que, “de igual manera, la Fiscalía presentó en las audiencias un extracto de la declaración jurada que rindió Fernando Trebilcock, en la que aclaró que la referencia de una “petición de tres mil”, correspondía a millones de pesos y al proceso de reparación directa promovido por Jorge Enrique Cortés Rojas contra entidades del Distrito por el bien mencionado anteriormente”.
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También indica que “es importante destacar que la Fiscalía no ha señalado que el origen de la supuesta petición de dinero provenga de Consejeros de Estado o funcionarios de esta corporación, tampoco tiene evidencias que así lo sugieran”.
La Fiscalía afirmó además que los fiscales e investigadores han recibido la colaboración del Consejo de Estado para desmantelar una presunta red de corrupción que tendría injerencia en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Por último, señala la entidad que “la Fiscalía General de la Nación ha dispuesto la indagación penal y disciplinaria de algunos de sus funcionarios, que habrían obstruido el avance de las investigaciones para favorecer a supuesta red de corrupción”.
