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La propuesta de Fenalco Atlántico para que comerciantes y civiles puedan portar armas como mecanismo de defensa frente al aumento de la extorsión y la violencia volvió a poner sobre la mesa uno de los debates más controvertidos en materia de seguridad ciudadana. El planteamiento se dio luego de que el gremio advirtiera que pequeños negocios de Barranquilla, Soledad y Malambo han tenido que cerrar debido a las amenazas de grupos criminales.
Ese fue el eje central de una nueva emisión de Rounds FM, en la que participaron el senador electo Germán Rodríguez y el exsecretario de Seguridad de Bogotá Hugo Acero. Mientras el primero defendió la posibilidad de que ciudadanos cumplan requisitos estrictos para portar armas de manera legal, el segundo dijo que la experiencia demuestra que las restricciones al porte han ayudado a disminuir la violencia y que legalizar esta propuesta podría generar nuevos riesgos.
Germán Rodríguez defendió el porte legal como herramienta de legítima defensa
El primero en hablar fue Germán Rodríguez, quien afirmó que su posición es permitir que "el ciudadano honesto" pueda defenderse mediante la legítima defensa, aunque aclaró que no plantea entregar armas de manera indiscriminada.
El senador electo explicó que el acceso a un arma debe estar sujeto a controles rigurosos, entre ellos exámenes médicos, psiquiátricos, cursos obligatorios, estudios de idoneidad y verificación de antecedentes. Según dijo, el problema de seguridad en Colombia no está relacionado con las armas legales sino con la circulación de armamento ilegal.
Rodríguez aseguró que en el país existirían entre cuatro y seis millones de armas ilegales y sostuvo que "más del 95 al 98 % de los crímenes se realizan con armas de fuego ilegales", mientras que algunos estudios, según afirmó, indican que apenas el 1 % de los delitos se cometen con armas legales.
En su intervención insistió en que comerciantes, tenderos y pequeños empresarios permanecen indefensos frente a los delincuentes. "El ciudadano de a pie no tiene cómo defenderse", afirmó, al señalar que los grupos criminales consiguen armas con facilidad para cometer extorsiones, hurtos y homicidios.
También cuestionó la continuidad del decreto que suspendió la expedición de permisos para portar armas desde el Gobierno de Juan Manuel Santos. Según indicó, esa política solo habría reducido cerca del 5 % de los delitos con armas de fuego, mientras que en algunos años las actividades criminales incluso aumentaron.
Hugo Acero respondió con la experiencia del desarme en Bogotá
Hugo Acero respondió desde su experiencia como exsecretario de Seguridad de Bogotá durante las administraciones de Antanas Mockus y Enrique Peñalosa, gobiernos en los que, recordó, se impulsaron políticas de restricción al porte de armas.
El exfuncionario explicó que la afirmación según la cual la mayoría de homicidios se cometen exclusivamente con armas ilegales no siempre coincide con los registros oficiales. Recordó un ejercicio realizado en 1999 con información de Medicina Legal sobre 723 armas involucradas en homicidios.
Tras solicitar información a la autoridad encargada del control de armas, encontró que 240 de esas armas contaban con salvoconducto vigente, situación que, a su juicio, demuestra que las armas legales también terminan siendo utilizadas en hechos de violencia.
Acero sostuvo además que la estrategia de desarme produjo resultados en Bogotá. Según explicó, la ciudad pasó de registrar cerca de 80 homicidios por cada 100.000 habitantes a una tasa cercana a 23, dentro de una política integral de seguridad y convivencia.
El experto también recordó que existen decisiones de la Corte Constitucional que han expresado reparos frente a ampliar el porte de armas entre particulares. Agregó que quien utiliza un arma legal en un hecho de legítima defensa debe demostrar posteriormente que actuó bajo esa figura jurídica, proceso durante el cual incluso podría permanecer privado de la libertad mientras avanza la investigación.
Otro aspecto que mencionó es que muchos ciudadanos autorizados para portar armas no cuentan con suficiente preparación para utilizarlas adecuadamente, lo que representa un riesgo adicional.
El cierre del debate enfrentó dos visiones sobre la seguridad
En el tramo final del debate, Rodríguez rechazó que Colombia pueda compararse con Estados Unidos, país citado por Acero como ejemplo del aumento de la violencia asociado a la amplia disponibilidad de armas.
El senador electo afirmó que en Colombia los requisitos para acceder legalmente a un arma son "demasiado fuertes" y reiteró que "el colombiano de a pie sí debe tener derecho a la legítima defensa porque los pillos y bandidos sí están armados hasta los dientes".
Acero respondió que comparte el derecho de los ciudadanos a la legítima defensa, pero insistió en que promover un mayor acceso a las armas desde el Estado no constituye una solución. A su juicio, las experiencias de desarme han mostrado resultados positivos cuando hacen parte de una política integral que combine acciones de seguridad, convivencia y prevención del delito.
El round terminó sin puntos de acuerdo entre los dos invitados. Mientras Rodríguez insistió en que flexibilizar el porte legal de armas permitiría reducir la indefensión de comerciantes y ciudadanos frente al crimen, Acero defendió que las restricciones al armamento civil continúan siendo una herramienta para disminuir la violencia cuando van acompañadas de estrategias integrales de seguridad.
¿Por qué Fenalco propuso permitir el porte de armas para comerciantes?
La discusión surgió a partir de la propuesta de Fenalco Atlántico, que planteó evaluar el porte legal de armas para comerciantes y civiles debido al incremento de la extorsión, la violencia y el cierre de pequeños negocios en municipios del Atlántico afectados por la delincuencia.
¿Cuáles fueron los principales argumentos a favor del porte legal de armas?
Germán Rodríguez sostuvo que los ciudadanos deben tener derecho a la legítima defensa, siempre que el acceso a las armas esté sujeto a controles estrictos. También afirmó que la mayor parte de los delitos se cometen con armas ilegales y no con las autorizadas por el Estado.
¿Qué respondió Hugo Acero frente a esa propuesta?
Hugo Acero argumentó que la experiencia de Bogotá demuestra que las políticas de desarme contribuyeron a reducir los homicidios. Además, señaló que existen casos en los que armas con salvoconducto han sido utilizadas en hechos violentos y defendió que la seguridad debe abordarse mediante una política integral y no con una mayor flexibilización del porte de armas.
