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Desde las ocho de la mañana de este jueves, 29 de enero, ha avanzado en la Corte Suprema de Justicia la audiencia de acusación contra el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) Carlos Ramón González por el escándalo de corrupción de la Unidad de Gestión del Riesgo (UNGRD).
La diligencia seguirá adelante a lo largo de la tarde. La primera etapa sirvió para acreditar como presuntas víctimas a la UNGRD, la Contraloría General de la República, la Agencia de Defensa Jurídica del Estado y una comunidad indígena, pese a las protestas de la defensa de González.
El también exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) compareció desde Nicaragua, donde el régimen de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, lo mantiene asilado. Desde su escape a Centroamérica, no ha regresado a Colombia, donde la justicia lo acecha.
La magistrada Blanca Nélida Barreto, expresidenta de la Sala de Primera Instancia de la Corte y ponente del caso contra González, le preguntó si iba a emitir alguna manifestación. El exmilitante del M-19, aunque rompió su silencio, se limitó a afirmar que no diría nada.
"No, su señoría. Estoy pendiente de la evolución de este asunto", dijo el exdirectivo del partido Alianza Verde cuando la togada le preguntó si se pronunciaría sobre las potenciales víctimas. "Gracias, magistrada", zanjó, antes de que su abogado, Iván Cancino, tomara la vocería.
Cancino aprovechó la audiencia virtual para cuestionar las postulaciones de las víctimas y para pedirle a la Fiscalía que aclare ciertos puntos de su acusación. Y, en lo que calificó como un llamado al "orden", pidió que no se tachara a González de "prófugo de la justicia".
Un pulso internacional en un caso de corrupción nacional
"Estas audiencias se han venido desarrollando con toda la calma y la tranquilidad", sostuvo el penalista. "Me gustaría que dejáramos las reglas claras", agregó, porque, en su concepto, "esa aseveración de 'prófugo de la justicia' no viene al caso hacerla en una presentación de partes".
La Corte Suprema de Justicia se acerca al juicio contra el exfuncionario del gobierno de Gustavo Petro. González permanece en Nicaragua pese a una orden de captura internacional, y no ha comparecido presencialmente en los estrados, en contraste con otros involucrados en el entramado corrupto.
El conjunto de los expedientes por el saqueo a la UNGRD en la administración de Petro apunta a González, ex representante a la Cámara, como una pieza central. Por eso la Fiscalía le pidió al Tribunal Superior de Bogotá una medida de aseguramiento en su contra, y a la Interpol, una circular roja.
Según el ente acusador, González coordinó la entrega de una coima de $3.000 millones para el expresidente del Senado Iván Name y otra de $1.000 millones para el expresidente de la Cámara Andrés Calle. La Corte Suprema los acusó en octubre del año pasado, y los mantiene detenidos de forma preventiva.
Petro le pidió a Managua el 15 de agosto extraditar a González, luego de que un funcionario de la Embajada bogotana en Nicaragua solicitara la residencia para el exmilitante del M-19. El Ejecutivo colombiano ha negado estar detrás de la petición.
El régimen de los Ortega Murillo respondió con una nota diplomática en la que confirmó el asilo para González. Los ministerios de Exteriores y de Justicia colombianos aseguran que González es requerido "por la presunta comisión de delitos de carácter común", no por persecución política.
"Seguimos con la judicialización"
Carlos Ramón González "enfrenta un proceso penal", enfatizaron las carteras. El derecho al asilo, entonces, "no podrá ser invocado por las personas respecto de las cuales existan motivos fundados de que han cometido delitos comunes o se haya entablado una acción judicial originada por dichos delitos".
La Fiscalía le imputó a González cohecho, peculado y lavado de activos. La acusación, que antecede a una audiencia preparatoria y al juzgamiento propiamente dicho, se basa en los mismos delitos. La audiencia de este jueves continuará desde poco antes de las tres de la tarde.
Ninguno de los punibles es político o está sustentado en bases políticas. Desde que el ente acusador imputó a González en mayo, su paradero había sido desconocido, hasta que las labores investigativas y las búsquedas de una orden de captura incluso internacional revelaron que se encuentra en el país centroamericano.
La fiscal general, Luz Adriana Camargo, anunció el 27 de noviembre la presentación del escrito de acusación. "Independientemente de si a esta persona se le puede hacer efectiva la circular roja que contra él pesa o se presenta a las autoridades, nosotros seguimos con la judicialización, como corresponde”, dijo.
A mediados de diciembre del año pasado, González reapareció en una fiesta vallenata que organizó el cuerpo diplomático de Bogotá en Managua. La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa contra funcionarios "por determinar" de la Cancillería y de la Embajada.
El Ministerio Público se basó en una publicación de W Radio, que difundió un video en el que se ve al exdirector del Dapre disfrutando de un agasajo que, según la emisora, tuvo más de doscientos asistentes.
Otras indagaciones tras la fuga de González
"A fin de obtener las pruebas que permitan delimitar los hechos enrostrados, y conforme a ello determinar presuntos responsables, y valorarlos de cara a la posible incidencia disciplinaria, se dispone iniciar indagación previa", sostiene el auto de cuatro páginas que da inicio al proceso.
La Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría ordenó una inspección en la Cancillería para conocer su participación en la ‘Noche Vallenata’, la parranda del 11 de diciembre en el Palacio de los Cristales, un salón del lujoso Teatro Nacional Rubén Darío, en la capital nicaragüense.
El Ministerio de Exteriores, liderado por Rosa Yolanda Villavicencio, tendrá que responder por "la naturaleza del evento", los invitados y los recursos invertidos, con soportes como contratos para artistas, convenios de logística y constancias de pagos para los responsables de la organización.
Contestará, además, si tuvo conocimiento de que González hubiese asistido y si adelanta una investigación. La Cancillería anunció el 16 de diciembre un proceso interno para "establecer las posibles responsabilidades" del entonces encargado de negocios, Óscar Muñoz, ahora reubicado.
La Fiscalía también abrió una indagación. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, por su parte, investiga a la fiscal María Cristina Patiño y al fiscal Gabriel Sandoval Vargas, quienes han encabezado los procesos por la UNGRD, por una presunta negligencia que derivó en la fuga de Carlos Ramón González.
En noviembre del año pasado, la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes ordenó recaudar pruebas contra la fiscal general, Camargo, por una denuncia de la Red de Veedurías de Colombia que asevera que "no ha realizado gestiones para el cumplimiento de la captura" contra González.
