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La Corte Suprema de Justicia se acerca al juicio penal en contra del prófugo Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Actualmente, está en Nicaragua, pese a una orden de captura internacional.
El exfuncionario se presentará en el banquillo de los acusados en una audiencia virtual el 29 de enero, casi dos meses después de que la Corte designara a la magistrada que analizará las pruebas de la Fiscalía y le planteará a la Sala de Primera Instancia una ponencia que defina una condena o una absolución.
Por reparto, el expediente le correspondió a la togada Blanca Nélida Barreto, presidenta de la Sala. La diligencia podrá llevarse a cabo incluso mientras González, procesado por su papel en el entramado de corrupción de la Unidad de Gestión del Riesgo (UNGRD), sigue protegido en Nicaragua.
Las investigaciones por el saqueo a la UNGRD en el gobierno de Gustavo Petro apuntan a González, expresidente del partido Alianza Verde, como una pieza central. Por eso la Fiscalía le pidió al Tribunal Superior de Bogotá una medida de aseguramiento en su contra, y a la Interpol, una circular roja.
Según el ente acusador, González coordinó la entrega de una coima de $3.000 millones para el expresidente del Senado Iván Name y otra de $1.000 millones para el expresidente de la Cámara Andrés Calle. La Corte Suprema los acusó en octubre del año pasado, y los mantiene detenidos de forma preventiva.
Petro le pidió a Managua el 15 de agosto extraditar a González, luego de que un funcionario de la Embajada bogotana en Nicaragua solicitara la residencia para el exmilitante del M-19. El Ejecutivo colombiano ha negado estar detrás de la petición.
¿Qué sigue para Carlos Ramón González?
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo respondió con una nota diplomática en la que confirmó el asilo para González. Los ministerios de Exteriores y de Justicia colombianos aseguran que González es requerido "por la presunta comisión de delitos de carácter común", no por persecución política.
Carlos Ramón González "enfrenta un proceso penal", enfatizaron las carteras. El derecho al asilo, entonces, "no podrá ser invocado por las personas respecto de las cuales existan motivos fundados de que han cometido delitos comunes o se haya entablado una acción judicial originada por dichos delitos".
La Fiscalía le imputó a González cohecho, peculado y lavado de activos. La acusación, que antecede a una audiencia preparatoria y al juicio contra el ex representante a la Cámara, se basa en los mismos delitos, que la Corte Suprema deberá revisar próximamente.
Ninguno de los punibles es político o está sustentado en bases políticas. Desde que el ente acusador imputó a González en mayo, su paradero había sido desconocido, hasta que las labores investigativas y las búsquedas de una orden de captura incluso internacional revelaron que se encuentra en el país centroamericano.
La fiscal general, Luz Adriana Camargo, anunció el 27 de noviembre la presentación del escrito de acusación. "Independientemente de si a esta persona se le puede hacer efectiva la circular roja que contra él pesa o se presenta a las autoridades, nosotros seguimos con la judicialización, como corresponde”, dijo.
A mediados de diciembre del año pasado, González reapareció en una fiesta vallenata que organizó el cuerpo diplomático de Bogotá en Managua. La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa contra funcionarios "por determinar" de la Cancillería y de la Embajada.
El Ministerio Público se basó en una publicación de W Radio, que difundió un video en el que se ve al exdirector del Dapre disfrutando de un agasajo que, según la emisora, tuvo más de doscientos asistentes.
La parranda en Nicaragua, un nuevo escándalo para González
"A fin de obtener las pruebas que permitan delimitar los hechos enrostrados, y conforme a ello determinar presuntos responsables, y valorarlos de cara a la posible incidencia disciplinaria, se dispone iniciar indagación previa", sostiene el auto de cuatro páginas que da inicio al proceso.
La Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría ordenó una inspección en la Cancillería para conocer su participación en la ‘Noche Vallenata’, la parranda del 11 de diciembre en el Palacio de los Cristales, un salón del lujoso Teatro Nacional Rubén Darío, en la capital nicaragüense.
El Ministerio de Exteriores, liderado por Rosa Yolanda Villavicencio, tendrá que responder por "la naturaleza del evento", los invitados y los recursos invertidos, con soportes como contratos para artistas, convenios de logística y constancias de pagos para los responsables de la organización.
Contestará, además, si tuvo conocimiento de que González hubiese asistido y si adelanta una investigación. La Cancillería anunció el 16 de diciembre un proceso interno para "establecer las posibles responsabilidades" del entonces encargado de negocios, Óscar Muñoz, ahora reubicado.
La Fiscalía también abrió una indagación. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, por su parte, investiga a la fiscal María Cristina Patiño y al fiscal Gabriel Sandoval Vargas, quienes han encabezado los procesos por la UNGRD, por una presunta negligencia que derivó en la fuga de Carlos Ramón González.
En noviembre del año pasado, la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes ordenó recaudar pruebas contra la fiscal general, Camargo, por una denuncia de la Red de Veedurías de Colombia que asevera que "no ha realizado gestiones para el cumplimiento de la captura" contra González.
