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La FM conoció que la magistrada Catalina Guerrero Rosas declaró que no es competente para conocer el recurso de apelación que presentaron las defensas de los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla y ordenó trasladar el expediente a otro magistrado del Tribunal Superior de Bogotá.
La apelación de los abogados de los exministros del Gobierno de Gustavo Petro busca tumbar la decisión de enviarlos a prisión como supuestos protagonistas del escándalo de corrupción que se originó en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y el Instituto Nacional de Vías, (Invías).
Para la magistrada Guerrero Rosas con base en la reforma de ley que cobija los procesos en segunda instancia en los tribunales el despacho que debe resolver esta apelación de los exministros Velasco y Bonilla es el del magistrado Ramiro Riaño Riaño.
Bajo este escenario ordenó el traslado de los escritos de apelación al magistrado Ramiro Riaño quien ahora deberá responder si asume el caso como ponente para resolver la solicitud y definir si tumba la medida de aseguramiento que le fue impuesta a los exfuncionarios del Gobierno del presidente Gustavo Petro.
En caso que tampoco decida asumir la competencia, la Sala de Gobierno - integrada por el presidente y el vicepresidente del Tribunal Superior de Bogotá, los presidentes de la Sala Penal, la Sala laboral, la Sala Civil y la Sala de Familia - definirá el magistrado ponente que debe asumir el proceso.
De volver el expediente a la magistrada Catalina Guerreo las otras dos magistradas a las que se presentará la ponencia de la apelación serán sus compañeras de Sala Isabel Álvarez Fernández y Alejandra Ardila Polo.
La apelación reclama que se les permita a los exministros Velasco y Bonilla defenderse libertad con miras al juicio que se deberá surtir ante la Corte Suprema de Justicia.
De manera subsidiaria, los abogados defensores de los exministros solicitaron en su recurso de apelación que se les conceda a los exfuncionarios la detención domiciliaria
¿Violación al debido proceso?
En el escrito de apelación las defensas plantean que se cometió una clara violación al debido proceso y al derecho de una defensa justa.
Así mismo, argumentaron que se registró una evidente extralimitación en las funciones de la magistrada de control de garantías de primera instancia, Aura Alexandra Rosero Baquero, que ordenó la reclusión en una cárcel de ambos exministros, pese a que ni la Fiscalía General ni las víctimas hicieron una petición en ese sentido.
“Nosotros no nos apropiamos de un sólo centavo…”
El exministro y su defensa apelaron la decisión de medida de aseguramiento en su contra en la que se señaló que se constituía en un peligro para la comunidad por la influencia política que mantiene y que el daño causado no sólo se medía en lo económico sino por la afectación grave para el Estado y el riesgo institucional que implica este caso de corrupción.
"Ahora debemos creerle a Olmedo López quien está denunciado por haberle robado a su propio socio, a Olmedo quien llegó a la UNGRD a sacar adelante un esquema de saqueo de recursos", dijo Velasco.
"Nosotros no nos apropiamos de un sólo centavo (....) cada reunión que sostuvimos los exminstros fue considerada por usted magistrada como sospechosa", enfatizó el exministro Velasco.
El exfuncionario agregó que no siente tener garantías de parte de la magistrada a cargo de su caso y llegará con su defensa hasta las ultimas instancias para demostrar su inocencia.
"No me reuní con nadie de Invías (...) yo no hacía eso señora fiscal, señora magistrada (....) No soy un peligro, soy un hombre dedicado a mi familia, que estoy retirando de la esfera política", manifestó.
Los contratos que enredan a los exministros
De acuerdo con la Fiscalía, los exministros presuntamente impartieron instrucciones para el direccionamiento de contratos y convenios por más de 612 mil millones de pesos de la UNGRD y el Invias, a cambio de lograr el apoyo para reformas como la pensional y de salud promovidas por el Gobierno, así como el respaldo en la votación a los proyectos de endeudamiento de la Nación que cursaban en la Comisión Interparlamentaria de Hacienda y Crédito Público.
Para los investigadores, se estableció que esta organización criminal tuvo vocación de permanencia y durabilidad, entre mayo de 2023 y febrero de 2024, durante el tiempo en que Luis Fernando Velasco Chávez y Ricardo Bonilla González, se desempeñaron como ministros de despacho en el Gobierno del presidente Gustavo Petro.
¿Por qué se ordenó enviarlos a la cárcel?
La magistrada de primera instancia Aura Alexandra Rosero Baquero, no compartió los argumentos de la defensa e indicó que, por el contrario, las pruebas aportadas por la Fiscalía superaron ampliamente el umbral de inferencia razonable como determinadores de los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer.
El Tribunal incluso no acogió la petición de la Fiscalía de imponerles a los exministros una detención domiciliaria y advirtió que ante la gravedad de los hechos era necesario imponer una medida más grave y ordenar su reclusión en una cárcel.
Para sustentar la necesidad de imponerles esta medida de aseguramiento, la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema María Cristina Patiño, hizo una relación de toda una serie de pruebas que fueron recolectadas por los investigadores entre los que se destacan los testimonios de Olmedo López y de María Alejandra Benavides, exasesora del entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.
En su decisión, la magistrada Rosero Baquero le dio validez a los testimonios aportados como prueba por parte de la Fiscalía.
En la actualidad el exministro Ricardo Bonilla se encuentra recluido en el Centro de Estudios Superiores de la Policía (CESPO) en Bogotá y el exministro Luis Fernando Velasco en la Escuela de Carabineros de la Policía en Cali, Valle.
