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Víctor Mosquera, abogado de la familia del senador Miguel Uribe Turbay, advirtió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre una grave injerencia -según dijo- del Gobierno Nacional en el proceso de investigación que se sigue en Colombia en torno a la investigación por el atentado contra el precandidato presidencial.
Está alerta fue realizada por parte del representante civil de la familia del congresista Miguel Uribe Turbay tras sostener una reunión en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Durante la sesión ante la CIDH, el abogado Mosquera exhortó a las autoridades colombianas a que procesen a los implicados en el atentado por el delito de terrorismo y no solo por tentativa de homicidio y porte ilegal de armas.
El abogado Mosquera aseguró que esta tipificación es necesaria debido al impacto del ataque que se ejecutó contra Uribe Turbay.
Además, aportó pruebas a la CIDH para que se ordenen medidas cautelares urgentes en favor de Miguel Uribe y su familia.
Según Mosquera, “durante la sesión se expusieron los argumentos y documentos que sustentan la solicitud de medidas cautelares urgentes en favor de Miguel Uribe y su núcleo familiar, así como una petición adicional de medidas colectivas para los miembros del Partido Centro Democrático de cara al proceso electoral del próximo año”.
Así mismo, sostuvo que “Este atentado no solo buscó atentar contra la vida de Miguel Uribe, sino generar pánico en la población civil y amedrentar a la oposición en un año preelectoral. Calificarlo como terrorismo es fundamental para dimensionar la gravedad del hecho y aplicar las sanciones más severas contempladas en la ley”.
El jurista señaló que la intervención del Gobierno ha comprometido la objetividad de las investigaciones.
“El Gobierno Nacional, a través del presidente, ministros y agentes del Estado, ha divulgado información no corroborada por la Fiscalía, señalando a grupos armados ilegales sin pruebas concluyentes. Esta conducta no solo entorpece el proceso investigativo, sino que constituye una forma de estigmatización contra la oposición”, indicó el abogado Mosquera.
En desarrollo de la reunión, el abogado Mosquera presentó tres informes documentales que evidencian, según él, supuestos discursos de odio y campañas de estigmatización provenientes de altos funcionarios del Gobierno hacia Miguel Uribe y otros líderes opositores.
El abogado también denunció intentos de desviar las investigaciones, atribuyendo el ataque a grupos ajenos a los hechos mientras el proceso penal sigue en curso.
Enfatizó en que el Estado colombiano debe abstenerse de señalar responsables sin el debido proceso y solicitó a la CIDH que inste a las autoridades a garantizar una investigación imparcial y transparente.
Fallas en esquema de la UNP
En torno a la seguridad del senador, el abogado Mosquera dijo que hubo una falla de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Según dijo, esta entidad ignoró 51 solicitudes formales de refuerzo pese a la condición de precandidato presidencial y líder opositor.
“El error fue de la UNP, que desatendió las solicitudes de protección elevadas por Miguel Uribe. Se acreditó ante la CIDH cómo se le negó un esquema adecuado, dejándolo expuesto en un contexto de amenazas crecientes”.
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El jurista explicó que la decisión de la CIDH sobre las medidas cautelares se podría conocer en un plazo aproximado de 15 días y recordó que el organismo internacional ha seguido de cerca el caso desde el día del atentado, solicitando información inmediata al Estado colombiano sobre los hechos y las acciones de protección.
Añadió que el Departamento de Estado de Estados Unidos ya fue informado sobre esta situación, en especial sobre los supuestos discursos de estigmatización del Gobierno colombiano, y que espera pronunciamientos adicionales por parte de la comunidad internacional.
