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Según el organismo de control, del escándalo hacían parte jueces, abogados, funcionarios del Inpec y de Medicina Legal, quienes favorecían a narcotraficantes y peligrosos criminales.
En desarrollo de una investigación, la Fiscalía logró establecer que una estructura criminal ejecutó pagos a servidores públicos de varias instituciones del Estado “a partir del trabajo inescrupuloso de profesionales del Derecho que contactaban a personas privadas de la libertad con detención en centros de reclusión de máxima y mediana seguridad a nivel nacional, para ofrecerles sus servicios profesionales y obtener el ilícito traslado a cárceles municipales”.
Con dicho traslado, según el organismo de control, los sindicados recuperaban su libertad y no cumplían la pena en las condiciones que exige la justicia colombiana.
Las estrategias utilizadas para efectuar el actuar delictivo consistían en la presentación, por parte de abogados, de acciones de tutelas con sellos de reparto presuntamente falsos, acreditaciones de vecindad ajenas a la realidad, dictámenes médicos de Medicina Legal sustentados en información falsa, entre otras.
“Las tutelas que no ingresaban a través de la oficina de reparto del Centro de Servicios Judiciales de Cali eran conocidas directamente por el Juzgado 25 Penal Municipal con función de control de garantías de esa ciudad”, allí, bajo el consentimiento del juez, se concedía la petición de la medida provisional consistente en el traslado de reclusos de alto impacto criminal a cárceles municipales, como las de Florida, Yotoco, Miranda y Guapi.
El juez 25 penal municipal de garantías de la época César Alpidio Blandón y el médico de Medicina Legal Andrés Felipe Moncayo aceptaron su responsabilidad frente a estos hechos.
A Blandón se le formuló imputación por aproximadamente 20 tutelas tramitadas sin asignación ni reparto, que ordenaban el traslado de delincuentes de alto perfil a cárceles de baja seguridad.
Moncayo se encuentra condenado por otro caso por los delitos de prevaricato y falsedad ideológica en lo concerniente a la expedición de dictámenes periciales falsos con el fin de obtener traslados a cárceles municipales y, dentro de la presente investigación, se le imputaron hechos similares.
El fiscal general Néstor Humberto Martínez sostuvo que las investigaciones sobre el sistema de administración de penas se concentran en diferentes regiones del país y darán lugar a nuevas actuaciones en varias fases, cuyas conclusiones se conocerán en las próximas semanas.
“No podemos permitir que la integridad de la justicia y la eficacia de las penas queden en entredicho por la actividad de unos pocos. A ellos les notificamos que la justicia asumió la revisión del sistema de administración de penas y destapará todas sus irregularidades a nivel nacional”, dijo.
