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Un juez de control de garantías legalizó la captura del empresario Carlos Mattos quien fue extraditado en la noche del pasado miércoles desde España para que enfrente dos juicios por presuntamente pagar millonarios sobornos para resultado beneficiado con medidas cautelares para seguir comercializando vehículos de la marca coreana Hyundai.
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Tras considerar que representa un peligro para la sociedad y puede afectar el desarrollo de los dos procesos penales estando en libertad o con una detención domiciliaria, el juez ordenó el traslado inmediato de Mattos a la cárcel La Modelo de Bogotá.
El funcionario judicial negó la petición de la defensa empresario colombo-español para que fuera remitido a un psiquiatra por presentar un cuadro de ansiedad producto de la detención y el proceso de extradición.
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A su llegada al país Mattos le gritó a los periodistas que lo estaban aguardando para conocer sus primeras reacciones que solamente lo trajeron a Colombia porque lo quieren matar
"Quieren matarme, van a matarme. Colombia entera sabe quiénes son, ya han matado a dos", señaló Mattos mientras los agentes de Migración Colombia hacían su respectiva entrega a las autoridades de policía judicial.
Este jueves la defensa de Mattos liderada por el abogado penalista Iván Cancino solicitará una nueva audiencia ante el Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao para que se le sustituya la medida de aseguramiento.
Mattos es requerido para que enfrente dos procesos judiciales por pagar millonarios sobornos para resultar beneficiado con medidas cautelares que le siguieran permitiendo comercializar vehículos de la marca coreana Hyundai en Colombia.
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El empresario planeó y ejecutó un complejo entramado para que una tutela fuera direccionada al juez sexto civil municipal de Bogotá, Reynaldo Huertas, quien en tiempo récord avaló las medidas cautelares.
Para esto, sobornó a funcionarios y empleados de la Rama Judicial para que manipularan el sistema de reparto. Igualmente, Mattos le envió 100 millones de pesos en efectivo a la jueza 16 civil penal municipal de Bogotá que dejó en firme las medidas cautelares.
Por estos hechos fue acusado por los delitos de acceso abusivo a un sistema informático, cohecho por dar u ofrecer, daño informático y utilización ilícita de redes de comunicaciones captación masiva y habitual de dineros y fraude procesal.
