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En la tarde de este lunes agentes del CTI de la Fiscalía General capturaron al suspendido gobernador de San Andrés, Ronal Housni Jaller y la exmandataria de la isla, Aury Guerrero Bowie en el marco de una investigación que se adelanta por las presuntas irregularidades en al celebración de millonarios contratos.
Los dirigentes políticos tienen pendiente una imputación de cargos por supuestamente desviar más de dos mil millones de pesos en la celebración de contrato para la construcción de un megacolegio en la isla el cual le fue entregado a una empresa que no cumplía con los requisitos y que estaba en la mira de las autoridades por casos de corrupción.
La investigación de la Fiscalía General indica que el 23 de diciembre de 2014, la Gobernación firmó un contrato por 50 mil millones de pesos para la construcción del 'Centro de Educación Media Diversificada' (Cemed) Antonia Santos "que serviría a la población estudiantil del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina".
Sin embargo, cuatro años después de la celebración de este convenio sigue en obra y su construcción no alcanza el 50%. Los investigadores indicaron que en el cuestionado contrato se señalaba que el colegio debía entregarse en diciembre de 2015.
La millonaria obra le fue entregada a una firma liderada por Hernán Moreno Pérez y Fernando León Diez Cardona, quienes enfrentan una investigación por el presunto desfalco a los recursos de valorización en la ciudad de Armania.
Por estas irregularidades contractuales, los gobernadores de San Andrés deberán responder por los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales.
Las autoridades capturaron al secretario de Infraestructura de San Andrés, Alejandro Lozano; la exsecretaria de educación, Edelmira Archibold Hawkings; la jefe de la Oficina Jurídica, Ain Zulema Conolly, la secretaria de Planeación, Tatiana Pérez García: la supervisora de contratos, Elizabeth O'Neill; los contratistas Mauricio José Rodríguez Cotua, Sergui Fabian Lever Whitaker y Luis Alberto Urrego y el ingieniero Juan Diego Alvis.
La Fiscalía General le solicitará a un magistrado con función de control de garantías que cobije con medida de aseguramiento a los gobernadores.
Igualmente, el ente investigador compulsó copias ante la Corte Suprema de Justicia para que se investigue la presunta responsabilidad del representante a la Cámara, Jack Housny Jaller, hermano del gobernador Ronald Housny.
