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El representante a la Cámara Wadith Manzur se entregó en la mañana de este jueves 12 de marzo en el búnker de la Fiscalía General en Bogotá, ante la medida de aseguramiento emitida por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, tras su presunta participación en el escándalo de corrupción que se originó en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD).
El congresista se puso a disposición de los agentes de policía judicial del CTI de la Fiscalía para dar cumplimiento a la orden de captura que fue proferida en su contra como supuesto autor del delito de cohecho impropio.
Manzur acudió junto a su abogado, el penalista Luis Carlos Torregrosa, quien en el pasado fue defensor de Bernardo 'el Ñoño' Elías.
En principio, no había órdenes de captura en su contra, así que, como ocurrió con la congresista Karen Manrique, no fue detenido inmediatamente.
Órdenes de captura
En el transcurso de la mañana de este jueves 12 de marzo, el alto tribunal expidió las órdenes de captura y le pidió al Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) emitir la boleta de encarcelamiento.
Karen Manrique, por su parte, acudió a la estación de Policía de Tame, Arauca, el municipio donde concentró su campaña para la reelección en las Circunscripciones Especiales de Paz (Citrep).
Cabe mencionar que la Corte Suprema de Justicia impuso una medida de aseguramiento privativa de la libertad contra ambos, como sospechosos del delito de cohecho.
Luego de tres sesiones extraordinarias en medio de pugnas internas, la Sala Especial de Instrucción lllamó a juicio a cinco congresistas y un excongresista que habrían 'torcido' contratos de la UNGRD, a cambio de votar a favor del gobierno de Gustavo Petro en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.
Otras acusaciones
Además de Wadith Manzur y Karen Manrique, fueron acusados Juan Pablo Gallo, Julián Peinado y Juan Diego Muñoz, además de Liliana Bitar. Todos eran parte de la Comisión.
Gallo es un senador liberal; Bitar, una senadora conservadora; Peinado, un representante liberal, y Muñoz, un exrepresentante de la Alianza Verde que renunció en febrero de 2024, diez meses después de que la Corte Suprema abriera una investigación en su contra por irregularidades de contratos del Programa de Alimentación Escolar (PAE), en 2016.
La Corte Suprema cerró la etapa probatoria del caso contra Manrique, Manzur, Bitar, Peinado, Gallo y Muñoz, en noviembre del año pasado.
Llamado a juicio
Desde entonces, el paso siguiente era el llamado a juicio y una eventual medida de aseguramiento. Una votación de tres votos a favor y tres en contra el 5 de marzo estancó todo.
“En varias reuniones se habría acordado que la contraprestación para los congresistas, por el trámite de los créditos, sería el impulso de la contratación y obras de interventoría de tres proyectos” de la UNGRD en Córdoba, Arauca y Bolívar, reseñó la Corte en un comunicado oficial este miércoles.
Los encuentros que la Sala documentó, habrían servido para definir “los montos con los que representantes del Ejecutivo beneficiarían a los congresistas para comprometer su función”.
El tribunal asegura haber recaudado “amplio material” para “concluir que los procesados pudieron cometer el delito de cohecho impropio”.
La Comisión Interparlamentaria tiene, por norma, tres senadores y tres representantes que hacen parte de las comisiones económicas.
El escándalo de la UNGRD paralizó su funcionamiento, principalmente cuando renunciaron Wadith Manzur, cordobés y del Partido Conservador, y Karen Manrique, de la Circunscripción de Paz de Arauca.
Karen Manrique está en líos porque el exdirector de la UNGRD, Olmedo López, en declaraciones ante la Corte Suprema de Justicia, aseveró haberse reunido varias veces con ella en 2023 para revisar los avances de tres contratos que sumaban unos $92.000 millones de pesos. Los convenios, al parecer, debían entregarse a dedo.
Manrique, en su momento, reaccionó en su cuenta de X indicando que: “Olmedo López miente”. Una jueza avaló en agosto de 2025 el principio de oportunidad del exfuncionario. “Su desespero para ser acogido por un buen acuerdo con la Fiscalía” lo está llevando a actuar errónea y mal intencionadamente, añadió la congresista.
López afirmó haberse reunido en su oficina con Manrique y que ella escribió en la libreta personal de él cuáles eran los contratos que necesitaba desviar y a qué congresistas debían dirigirse: Manzur, Bitar, Gallo, Peinado y Muñoz. Los convenios se destinarían en Cotorra, Córdoba; Carmen de Bolívar, Bolívar y Arauca.
Al final, ninguno de los contratos se adjudicó o se ejecutó. Olmedo López terminó renunciando a la UNGRD por haber liderado el desfalco de la entidad tras el contrato para suministrar agua potable a La Guajira con 40 carrotanques, y, como piezas de dominó, las confesiones a cuentagotas fueron tumbando a más funcionarios.
María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda, ha sido clave. La justicia tiene cerca de 50 horas de grabación en las que Benavides delata encuentros en el ministerio y presiones de congresistas. La Fiscalía firmó con ella un principio de oportunidad que un juzgado aprobó en julio de 2025.
Benavides ha comprometido a casi 40 personas, una treintena de las cuales son congresistas que habrían negociado contratos en la UNGRD y en el Instituto Nacional de Vías (Invías).
La línea de investigación del Invías, que ya ha impulsado detenciones preventivas, navega en el despacho del magistrado Marco Antonio Rueda.
Entre los salpicados por la exaseora está precisamente, Wadith Manzur. Benavides presentó decenas de chats en los que el cordobés le insiste en que la cartera de Crédito Publico defina ciertos proyectos para que la Comisión comprometiera sus votos.
Horas antes de que empezara la sesión del 4 de marzo de la Sala de Instrucción, la representante Manrique publicó un video en sus redes.
Con nerviosismo, decía que estaba en Tame haciendo campaña y que quería responder al “alto impacto que han generado los rumores” y “las noticias” sobre el debate en la Corte.
“También le hice llegar un documento a la honorable Corte Suprema de Justicia porque desconocemos los procesos”, manifestó Manrique, con un discurso al menos contradictorio con, por ejemplo, las actuaciones de su defensa. Hace dos semanas, su abogado Andrés Garzón Roa pidió remover al procurador del caso.
De hecho, tanto Manrique como Manzur, Bitar, los congresistas y el excongresista Muñoz saben del proceso penal de la UNGRD al menos desde noviembre de 2024, cuando la Sala de Instrucción abrió una investigación formal en su contra y les citó a indagatoria. La Corte aseguró entonces contar con 50 pruebas documentales y diez testimoniales.
Así ha avanzado el proceso
En julio de 2025 la Sala de Instrucción decidió no detener a Karen Manrique, Liliana Bitar, Juan Gallo, Wadith Manzur, Julián Peinado y Juan Muñoz. El magistrado Misael Rodríguez había presentado una ponencia para enviarlos a la cárcel, pero la mayoría de la Sala no la apoyó. La segunda, de cierto modo, fue la vencida para el togado.
La investigación constató, desde la etapa preliminar, que entre noviembre y diciembre de 2023 la Comisión de Crédito Público emitió 13 de los 18 conceptos que el Ministerio de Hacienda pidió en el año.
“A cambio de avalar los conceptos de operaciones de crédito, los aforados habrían acordado dádivas”, sostuvo la Corte.
En agosto de 2025, el magistrado Misael Rodríguez compulsó copias para que la Fiscalía investigue al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y a diez exfuncionarios del gobierno de Petro —como Carlos Ramón González y Luis Fernando Velasco— por presuntamente ofrecer contratos a cambio de votos para créditos estatales.
Iván Name, de la Alianza Verde, y Andrés Calle, liberal, son las figuras más prominentes del escándalo a las que la justicia ha alcanzado.
Los expresidentes del Senado y la Cámara siguen presos, y la Sala de Primera Instancia rechazó una nulidad de Calle y admitió varias pruebas en su contra. El juicio, como el de la Comisión de Crédito, sigue firme.
