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La Cámara Colombo Americana, AmCham Colombia, expresó su preocupación sobre dos aspectos del 'Modelo de Participación', en los diálogos entre el Gobierno Nacional y el ELN, que forman parte del actual proceso de paz.
Los ejes de transformación propuestos en el documento son tan amplios y abstractos que podrían llevar a una refundación de la nación colombiana, con modificaciones al modelo político, económico y electoral. Además, se plantea que los resultados de las negociaciones serían vinculantes.
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María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham Colombia, envió una carta a Vera Grabe, jefe de la delegación del Gobierno Nacional en la mesa de diálogos de paz con el ELN, y a Luciano Sanin, Secretario del Comité Nacional de Participación.
En ella, Lacouture hace comentarios sobre el documento 'Modelo de Participación', que establece los principios de las conversaciones con el grupo al margen de la ley para “construir una agenda de transformaciones para la paz, impulsada a partir de una alianza social y política que conlleve a un Gran Acuerdo Nacional para la superación del conflicto político, social, económico y armado; a partir de un modelo de participación que involucre al conjunto de la sociedad colombiana”.
Según Lacouture, “los denominados ejes de las transformaciones son tan amplios y abstractos que podrían abarcar lo suficiente para refundar la Nación colombiana”.
Según AmCham, la idea de transformar el “régimen político del país”, que según el documento incluye temas como la “democracia directa, redistributiva, poder social y poder popular ciudadano”, y “rediseño institucional y reforma electoral”; o la transformación del “modelo económico del país”, que según el mismo documento incluye “impulsar nuevos modelos de producción y distribución de la riqueza que superen el rentismo, parece más un cheque en blanco que las bases para un acuerdo de paz con un grupo insurgente", agregó la Cámara Colombo Americana.
En su carta, Lacouture solicita que "las negociaciones tengan un alcance y unos límites precisos y razonables fijados por el propósito fundamental de procurar un acuerdo con el ELN, sin generar expectativas que, al menos por el lenguaje utilizado en el documento, lucen a todas luces desproporcionadas”.
El segundo punto de advertencia tiene que ver con el carácter “vinculante” y “obligatorio” que se tendría sobre los acuerdos a los que lleguen las partes en la mesa de negociación.
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Al respecto, Lacouture indica que “no se entiende cómo el resultado de las negociaciones entre el Gobierno Nacional y el ELN pueda ser considerado ‘vinculante’ como lo señala el documento. Parecería que lo acordado por las partes tendría entidad prácticamente supra-constitucional y, además, a través de ese mecanismo, se estaría dando al ELN el carácter de co-gobernante de la Nación o delegatario -sin saberse a qué título- de funciones presidenciales y de gobierno nacional”.
Y añade: “me refiero, de manera específica, al texto según el cual ‘las agendas de transformaciones se vuelven obligatorias para las partes y se convierten en política de Estado, políticas públicas, planes de desarrollo, planes de vida y otros instrumentos de planeación y ejecución en los territorios con veeduría social que garantice su implementación’”.
Lacouture señala que “el Gobierno Nacional y el ELN deben reconocer que los acuerdos (con esa organización, o con cualquier otra), siempre estarán sujetos a las normas y procedimientos constitucionales y legales, y a los principios que soportan la democracia del país”.
