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El procurador General, Gregorio Eljach, señaló que el organismo de control está considerando la suspensión provisional del general Juan Miguel Huertas, del Ejército, y de Wilmar Mejía, directivo de inteligencia de la DNI, mientras avanza la investigación por el caso conocido como los archivos de alias Calarcá.
Dijo que la decisión depende de la documentación y las pruebas que están en recolección. Durante una declaración a medios, Eljach señaló que la Procuraduría debe actuar con base en hechos verificables.
“Es que al parecer estaban, digamos que, traficando con la información, lo que al parecer se evidencia en las pruebas, incluso información que puede terminar en la muerte de policías”, dijo, aunque aclaró que “todo eso son presunciones, hipótesis, supuestos”.
El jefe del Ministerio Público subrayó que por ahora no se ha tomado una decisión sobre suspensión provisional. Según dijo, esa medida solo procede cuando se cumplen requisitos precisos dentro del expediente.
“Las posibilidades procedimentales están, porque esa es una figura propia para proteger el buen suceso de las investigaciones”, afirmó. Añadió que, si se cumplen las condiciones legales, “son decisiones que vamos a tomar en su momento”.
Eljach explicó que los investigados siguen activos porque el proceso apenas comenzó. “Sí, siguen en el cargo, porque estamos en la parte inicial de la averiguación disciplinaria que se inició unas horas después de conocida la información”, señaló.
Indicó además que la Procuraduría está a la espera de documentación que permita establecer formalmente la condición de servidores públicos involucrados: “Estamos esperando unas respuestas, demostrar la condición de servidores públicos que no se puede presuponer y, en la medida en que vaya llegando esa documentación, se van ajustando las decisiones”.
Sobre la gravedad de los hechos revelados, recordó que la conducta atribuida a los funcionarios tiene repercusiones públicas y políticas. En ese sentido advirtió: “Como son servidores públicos y la conducta ha causado mucha alarma social y política, lo vamos a considerar severamente para la valoración en su momento”.
El Procurador también confirmó que la entidad asumió el poder preferente desde el primer momento. “Fue preferente porque fuimos los primeros. Ellos tienen que aconductarse al Ministerio Público. Nosotros no le tenemos que pedir nada”, afirmó.
Apenas horas después de que Noticias Caracol revelara evidencias sobre la presunta infiltración de las disidencias de las Farc en entidades estatales, el país entró en un nuevo capítulo de tensión política y judicial.
Los documentos, chats y teléfonos incautados a las estructuras de alias Calarcá apuntan a un esquema de intercambio de información sensible que involucraría al general Juan Miguel Huertas y al directivo Wilmar Mejía como canales directos con el grupo armado.
La investigación periodística detalló reuniones, movimientos de integrantes de la organización criminal en vehículos oficiales y planes para crear empresas fachada de seguridad. También incluyó referencias a un empresario extranjero que habría visitado campamentos guerrilleros en el Catatumbo para discutir negocios de armas y oro ilegal.
Todo ese material está en manos de la Fiscalía desde julio de 2024, cuando una caravana con jefes de las disidencias, acompañada por integrantes de la Unidad Nacional de Protección, fue detenida en un retén del Ejército en Anorí, Antioquia.
Sin embargo, desde entonces no se ha registrado ningún avance procesal, lo que generó una cascada de críticas hacia la fiscal general Luz Adriana Camargo.
El silencio institucional ha alimentado un debate nacional sobre la falta de acción. En redes sociales y en sectores políticos se ha pedido la renuncia de la fiscal Camargo y del Presidente, argumentando que es necesario permitir una investigación sin interferencias.
La controversia se suma a cuestionamientos previos sobre retrasos en expedientes sensibles y mantiene a la Fiscalía bajo un intenso escrutinio público.
