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La compleja situación de orden público que se registra en el Catatumbo, tras los bombardeos del Ejército contra el ELN que dejan como resultado hasta el momento siete guerrilleros neutralizados, está generando graves inconvenientes para las comunidades campesinas, civiles e indígenas que están en medio de este panorama.
Ante este escenario, la Defensoría del Pueblo ha confirmado que mantiene un seguimiento y acompañamiento permanente a las comunidades, en coordinación con autoridades locales y actores humanitarios, para contribuir a la prevención de riesgos y acompañar a las comunidades.
"Hacemos un nuevo llamado a los grupos armados ilegales presentes en el territorio, especialmente al ELN y al Frente 33, a concertar acuerdos humanitarios y ser coherentes con los anuncios de intenciones de paz que permanentemente hacen, dentro y fuera de las mesas de negociación.
La población del Catatumbo ha sufrido y sigue sufriendo las consecuencias de un conflicto armado que no es de ellos. Está en manos de los grupos armados frenar la guerra y del Estado avanzar en generar condiciones de control territorial y seguridad integral para la región de Catatumbo", expresó la defensoría del pueblo en su cuenta de X.
En las últimas horas, la Fuerza Pública adelantó operaciones en zona rural del municipio de El Tarra (Norte de Santander), que se habrían dirigido en contra del ELN y habrían causado la muerte de varias personas.
De igual forma, la defensora del Pueblo, Iris Marín, señaló que hacen una exhaustiva revisión, para que no se hayan presentado afectaciones a menores de edad, en medio de los bombardeos.
"El Presidente de la República ha afirmado públicamente que se trató de un bombardeo en el que se habría tomado todas las medidas para evitar la muerte de menores de edad. Recordamos que, aun en las acciones legítimas de uso de la fuerza del Estado, se deben adoptar todas las medidas de conducción de hostilidades".
Asimismo, temor y riesgos para la población civil, debido al fenómeno de desplazamiento que se puede presentar en la región ante la continuidad de los bombardeos.
"Hemos recibido información, según la cual, durante la madrugada, varias familias se resguardaron en el colegio de la zona en busca de mayor seguridad. Estos hechos podrían derivar en desplazamientos forzados y situaciones de confinamiento".
Ante este escenario, la Defensoría del Pueblo instó a las autoridades locales y regionales a asegurar que el levantamiento e identificación de cadáveres se realice por autoridades competentes e independientes, con garantías de preservación de la escena, cadena de custodia y respeto a la dignidad humana, conforme a los estándares aplicables.
Para tal fin, hay que proveer las condiciones de seguridad para las autoridades encargadas.
Alistar las medidas humanitarias que sean necesarias para atender a la población civil que pueda sufrir desplazamiento forzado, confinamiento u otras afectaciones.
Por su parte, las autoridades en el municipio de Ocaña activan protocolos de atención, de presentarse una oleada de población desplazada de la zona del Catatumbo, ante la continuidad de los bombardeos por parte del Ejército Nacional contra los grupos armados en la región.
El alcalde Ocaña, Emiro Cañizares Plata, mostró su preocupación ante la posibilidad de que el municipio sea nuevamente epicentro del fenómeno de desplazamiento ante el recrudecimiento de la guerra en el Catatumbo.
Según el puesto de mando unificado, Ocaña ha recibido más de 19 mil desplazados desde el pasado 16 de enero de 2025.
