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El Consejo de Estado condenó a la Nación en una polémica decisión por el atentado cometido por la guerrilla de las Farc contra el Club El Nogal en hechos ocurridos el 7 de febrero de 2003.
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Stella Conto, magistrada de la sección tercera del Consejo de Estado, ponente de la decisión sobre la condena contra la Nación, dijo que el fallo obedeció a que hubo una misión por parte del Estado en la protección de las víctimas.
“No se hizo lo que se debe hacer. Esto dio lugar a una situación de riesgo al haber utilizado desde agosto de 2002 el Club el Nogal para adelantar actividades institucionales sin las medidas del caso”, sostuvo.
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De acuerdo a la magistrada, aunque este era un espacio utilizado por civiles para actividades de esparcimiento, se empezaron a desplegar actividades institucionales y no se tomaron las medidas correspondientes para esos fines.
¿Cuáles actividades institucionales?
Según el fallo, entre octubre y diciembre de 2002, la entonces ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez, pernoctaba en el Club. Además, el ministerio del Interior adelantaba reuniones institucionales y no se tomaron medidas para la protección para los socios, empleados y visitantes.
“Estaba decretada la conmoción interior porque se presentaron varios atentados en Bogotá. Por eso, con actividades institucionales en marcha en el Club, se debió proteger a la población civil en ese lugar que se empleó para actividades del Estado”, señaló.
Al respecto, la magistrada insistió en que, con un blanco propicio para los insurgentes, la Nación debió adelantar las medidas de protección del caso.
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Finalmente, recordó que existen declaraciones dentro del proceso que reseñan que una investigadora del CTI tenía datos de un informante que entregó señales bastantes claras de lo que iba a suceder y no se tomaron las medidas del caso.
“Se tenía claro que iba a cometerse un atentado en un club del norte de Bogotá y no se tomaron las medidas del caso”, agregó.
El Consejo de Estado declaró la responsabilidad administrativa y patrimonial de la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, Ministerio del Interior y de Justicia, Fiscalía General de la Nación y el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) por el polémico atentado del 7 de febrero de 2003.
